La escenografía de Oceanografía

Ojalá fuera un caso aislado, pero es un ejemplo emblemático del tipo de prácticas empresariales irregulares que traerá en el futuro la reforma energética.

Durante 12 años fue la fachada de un cierto tipo de panismo que llegó al poder para hacer lo mismo que había cuestionado desde la oposición: negocios privados al amparo del poder público.

Los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón dieron a Oceanografía lo que nunca había obtenido en 32 años como contratista de Pemex, 46 mil millones de pesos en convenios. Una cuarta parte de esa cantidad se habría conseguido presuntamente por las gestiones de los hijos de Marta Sahagún, mientras que el grueso, 34 mil mdp, se entregó en el sexenio de Calderón.

Diversas investigaciones y versiones periodísticas (Ana Lilia Pérez, Raymundo Riva Palacio, Proceso, Contralínea) apuntan a la familia Mouriño y al ex candidato del PAN al gobierno de Campeche y ex funcionario de Pemex Mario Alberto Ávila Lizárraga como los gestores en el sexenio pasado.

Hoy se sabe también que Oceanografía sirvió de escenografía para las actividades de otros grupos empresariales a los que se investiga por presunto lavado de dinero, como Grupo Gasolinero Mexicano (GGM), donde se expendería gasolina robada a Pemex, los casinos Big Bola de Guanajuato, y hasta el equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro. Empresarios y empresas vinculadas estrechamente con políticos y legisladores del PAN en estos estados. Reconocidos públicamente como amigos y patrocinadores de candidatos y campañas blanquiazules.

De corroborarse esta intrincada red de complicidades y vínculos entre contratistas, empresarios y políticos panistas, tendremos claramente a la vista una de las causas por las que regresaron a la oposición: quisieron ser como el PRI, parecerse al PRI, saquear como el PRI, pero la gente prefirió la versión original. En este trance no solo se habría perdido la Presidencia, sino también la decencia, que era el bien público más valioso del panismo original.

Pero el caso Oceanografía le está sirviendo también de escenografía al gobierno actual. La intervención y la indagatoria contra una de las empresas favorecidas por el panismo intentan presentarse como una operación de limpieza y combate a la corrupción en Pemex. Sin embargo, una golondrina no hace verano.

Oceanografía va más allá de ser un caso aislado, un simple fraude entre particulares, o una operación de limpieza sin ribetes políticos. Todas y cada una de las prácticas irregulares e ilegales por las cuales se inhabilitó a esa empresa y se aseguraron sus bienes son el pan nuestro de cada día en el mundo del contratismo petrolero. Es un ejemplo emblemático del tipo de prácticas empresariales irregulares que traerá en el futuro la reforma energética.

Fianzas irregulares o por debajo del monto legal establecido; documentación fiscal y financiera clonada, donde se consigna que las contratistas están al corriente en el pago de sus impuestos y obligaciones ante Hacienda, IMSS e Infonavit; domicilios fiscales inexistentes; registro de trabajadores ante el Seguro Social con menores sueldos de los realmente devengados; contratación de trabajadores “pelones”, es decir, sin contratos laborales formales y con cero prestaciones sociales; licitaciones arregladas, donde una empresa presenta cotizaciones irreales, por debajo del costo real, y una vez adjudicado el contrato, se le asignan ampliaciones presupuestales; incumplimiento de contratos y pagos al 100% de obras o trabajos inconclusos, son algunas de las prácticas que han hecho del contratismo petrolero mexicano una de las fuentes de corrupción más grandes en el país.

El caso Oceanografía quedará reducido a un simple de ajuste de cuentas del actual gobierno respecto a su antecesor, si no se ataca el problema de fondo: la corrupción sistémica del contratismo en Pemex. En este sentido, se deberían de estar practicando auditorías, arqueos y revisiones independientes al resto de las contratistas petroleras que en este año tendrán acceso al presupuesto más alto de Pemex en el área de exploración y producción (342 mil mdp).

La única forma de evitar que Oceanografía no sea un caso más de justicia selectiva o ajuste de cuentas político es certificando que el resto de las empresas contratistas de Pemex están en orden y cumplen cabalmente con la normatividad fiscal, financiera, laboral, administrativa y ambiental que exigen las leyes vigentes.

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