La dictadura legislativa

Hay prisa para dar por terminado el barco de las reformas y echarlo a la mar sin siquiera hacer las pruebas técnicas de navegación o esperar a que se seque la pintura de cubierta.

Ningún parlamento serio, responsable y respetable aprueba más de 50 leyes reglamentarias de “gran calado” en una semana. Ni siquiera en dos meses.

Hay un doble pedal en el tratamiento de las leyes secundarias. Por un lado, algunas traen el freno puesto, como las iniciativas en telecomunicaciones y de competencia económica, mientras otras portan el acelerador a fondo, como la político-electoral y la energética, sin importar que se pueda arrollar a la Constitución y al país mismo.

PRI, PAN y sus aliados buscan sacar a como dé lugar esta media centena de leyes reglamentarias en un periodo no mayor a dos meses, involucrando los periodos extraordinarios que sean necesarios.

Hay prisa para dar por terminado el barco de las reformas y echarlo a la mar sin siquiera hacer las pruebas técnicas de navegación o esperar a que se seque la pintura de cubierta. Apremio similar hubo en la botadura del Titanic y en el estreno de la Línea 12 del Metro.

Quienes defienden la aprobación de reformas exprés o al microondas argumentan que los problemas del país están sobrediagnosticados y que no es la hora de las discusiones, sino de las decisiones. Es la ideología de la tecnoburocracia.

Bajo la forma de eficientismo legislativo (no de eficacia política), se larva una nueva forma de autoritarismo, conocida como dictadura legislativa. Una mayoría numérica de legisladores impone al resto de la sociedad un determinado proyecto de país, que no es producto de las urnas, sino del acuerdo cupular de partidos o de otras élites.

En una dictadura legislativa, los legisladores son electos legítimamente en las urnas, pero confunden el voto recibido con un cheque en blanco. Consideran omnipresente y plenipotenciario el mandato recibido por parte de los ciudadanos y llegan incluso a tomar decisiones “legales” aun contra la voluntad ciudadana mayoritaria. En su pirámide del poder público, el concepto “mayoría legislativa” es superior al de la “voluntad ciudadana”, por lo que ésta debe someterse a aquélla. Es la perversión de Kelsen y la negación de Rousseau.

Las dictaduras legislativas y la partidocracia son dos desviaciones de la democracia contemporánea que han conducido a la llamada “crisis de la representación política”. En México padecemos ambas.

Su antídoto es la “democracia participativa directa”, cuyos instrumentos de participación ciudadana (plebiscito, referendo, iniciativa popular y revocación de mandato) son el moderno contrapeso a los excesos legislativos de una mayoría que bien puede ser uni, bi o hasta tripartidista.

Ninguna de las reformas constitucionales del año pasado ni, mucho menos, ninguna de las leyes secundarias que habrán de votarse en las próximas semanas han pasado por la validación ciudadana.

Vamos, ni siquiera han transitado por el matiz de una discusión entre técnicos y especialistas, de un debate parlamentario sistemático y ordenado o del agotamiento de las instancias previstas en el proceso legislativo, tal como lo establece el derecho parlamentario contemporáneo. En este sentido, la mayoría numérica deviene una simple mayoría mecánica.

En una dictadura legislativa, la mayoría mecánica no solo es sorda, sino también sórdida. Las leyes secundarias y los nombramientos de los órganos de Estado, supuestamente autónomos, independientes y ciudadanizados, se vuelven monedas de cambio. Mercaderías políticas. Objetos de chantaje y extorsión. De trueque y pago de cuotas. Territorios a tutelar y proteger. Las leyes energéticas por las leyes electorales. Las leyes de competencia económica por las leyes de telecomunicaciones. Dos consejeros del IFAI por uno del INE. Dos integrantes de la Judicatura por dos del Coneval. Oceanografía por Monexgate. Como en el mercader de Venecia, hasta las ánimas alcanzan un precio.

En 15 años pasamos de la parálisis legislativa a la dictadura legislativa. Del reloj parlamentario que congelaba artificialmente el tiempo del país a las reformas constitucionales aprobadas en siete minutos en algunos congresos locales con el señuelo de que la transformación nacional no puede esperar más tiempo. Dos extremos que nada bueno deparan al país, cuyas consecuencias, más temprano que tarde, serán pagadas por todos, para beneficio de unos cuantos. Ésta es la esencia de la dictadura legislativa que estamos estrenando.

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