Igual-a genocidio

La izquierda debe dar el primer paso para que la experiencia traumática de Iguala sea el parteaguas de una reforma ejemplar en el sistema de seguridad y justicia.

El artículo 149 bis del Código Penal Federal tipifica el delito de genocidio:

“Comete el delito de genocidio el que con el propósito de destruir, total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrase por cualquier medio, delitos contra la vida de miembros de aquellos, o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo.

“Por tal delito se impondrán de veinte a cuarenta años de prisión y multa de quince mil a veinte mil pesos.

“Si con idéntico propósito se llevaren a cabo ataques a la integridad corporal o a la salud de los miembros de dichas comunidades o se trasladaren de ellas a otros grupos menores de diez y seis años, empleando para ello la violencia física o moral, la sanción será de cinco a veinte años de prisión y multa de dos mil a siete mil pesos.

“Se aplicarán las mismas sanciones señaladas en el párrafo anterior, a quien con igual propósito someta intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.

“En caso de que los responsables de dichos delitos fueran gobernantes, funcionarios o empleados públicos y las cometieren en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de las sanciones establecidas en este artículo se les aplicarán las penas señaladas en el artículo 15 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación”.

En la barbarie de Iguala están dadas todas y cada una de las situaciones de un crimen de lesa humanidad: 1) la destrucción parcial de un grupo nacional, como son los estudiantes de origen rural e indígena de la Escuela Normal de Ayotzinapa; 2) se perpetraron ataques a su integridad corporal y a la salud mental de sus miembros, derivados de la condición de secuestro y desaparición forzada mediante violencia física; 3) el hostigamiento sistemático, continuado y prolongado al que ha sido sometido este grupo estudiantil a lo largo de los últimos años por parte de diferentes instancias oficiales; 4) la participación directa de funcionarios públicos en la planeación y perpetración de estos hechos (el alcalde y sus policías municipales).

Como lo han advertido la ONU y la OEA, el Estado mexicano está a prueba en el caso de los estudiantes desaparecidos de Iguala, cuya amplia y extensa cobertura informativa internacional no se veía desde 1994, con la irrupción del EZLN en enero y el asesinato de Colosio en marzo.

La mención de ese año es más que una simple referencia histórica. A partir de entonces, como si fueran dos piedras lanzadas sobre un apacible lago, inició la ola de violencia social y política que ha ido escalando sectores, estratos y regiones hasta convertirse en el cáncer que hoy padecemos.

Este ciclo empezó en forma de violencia política, se replicó en la sociedad como violencia social (intrafamiliar, escolar, laboral) y ahora nos amenaza a todos en forma de violencia endémica, donde la combinación de política y delincuencia la ha vuelto explosiva, expansiva y letal.

Las reformas por la seguridad, la procuración de justicia y el combate a la corrupción debieron ser las primeras del Pacto por México. Ni siquiera fueron contempladas en la agenda, dominada en su totalidad por reformas económicas sectoriales, especialmente por la necesidad y el apremio de abrir y entregar el sector energético.

Pues bien, Iguala viene a mostrar que sin seguridad, justicia y políticas anticorrupción, las llamadas “reformas estructurales” irían al fracaso.

En el caso de Iguala, la izquierda está directamente obligada a dar una respuesta ejemplar. Es un municipio y un estado gobernados directamente bajo sus siglas. A la disculpa pública debe seguir ahora la exigencia de aplicar una sanción ejemplar a las autoridades involucradas (juzgarlos por delitos de lesa humanidad) y el diseño de una política de prevención y blindaje contra infiltraciones del crimen organizado (Italia y Colombia tienen mecanismos avanzados).

La izquierda debe dar el primer paso para que la experiencia traumática de Iguala se convierta en el parteaguas de una reforma ejemplar en el sistema de seguridad e impartición de justicia en el país, o que Iguala se quedé en lo que hoy es: una muestra a nivel municipal del México bárbaro e impune que podría terminar por desgarrar a toda la Nación.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

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