Guerra civil irregular

Cuando la violencia deja de ser simplemente criminal e impacta de lleno el ámbito de la gobernabilidad, es el momento en que se puede hablar de una guerra civil irregular.

México sufre una guerra civil irregular y la prueba de ello es la estela de fosas clandestinas y desapariciones forzadas que ha ido creciendo en los últimos ochos años.

Entre enero de 2007 y octubre de 2014, con las 19 fosas de Iguala, suman más de mil 400 cadáveres de niños, jóvenes, mujeres y hombres, en casi 300 fosas clandestinas, distribuidas en 70% del territorio nacional. Mientras que las desapariciones suman alrededor de 23 mil víctimas, ocho mil de las cuales (35%) se han registrado durante la actual administración. Es decir, en los últimos dos años se ha presentado la mitad de las desapariciones de todo el sexenio anterior, de acuerdo con las cifras oficiales.

Esta dinámica de exterminio rebasa cualquier parámetro de fenómenos delincuenciales normales (generalmente casuísticos, controlables y encausables) y revela un mal mayor, cercano más a los síntomas de las guerras civiles irregulares que a los fenómenos delincuenciales “fuera de control” o coyunturales.

Esos síntomas son órganos de seguridad rebasados, aparato de justicia azolvado, creciente conflictividad social y manifestaciones de ingobernabilidad territorial. Cuando esto sucede, la violencia deja de ser simplemente criminal para ubicarse de lleno en el ámbito de la ingobernabilidad. Es el momento en que se puede hablar de una guerra civil irregular.

Es irregular porque la libran lo mismo autoridades formales contra grupos civiles armados, que grupos privados paramilitares entre sí, donde no es posible distinguir quien actúa a nombre de una autoridad y quien por mando y mano propia.

Es una guerra civil irregular no solo por los métodos y procedimientos informales con que se libra (actuaciones, aprehensiones y ejecuciones extrajudiciales), sino por los objetivos que se buscan: la dominación y posesión de las fuentes de riqueza económica de unos por otros, mediante el exterminio físico.

A diferencia de las guerras civiles que registra la historiografía oficial (revolución de independencia, Guerra de Reforma, Revolución mexicana, Guerra Cristera, guerrillas de los 70), donde lo ideológico y lo político estaba claramente delineado, esta lucha civil en curso es eminentemente económica. La causa del secuestro, la tortura, la extorsión, el asalto, el asesinato y hasta la masacre es para preservar o acrecentar las fuentes de riqueza de los grupos de poder criminales. Es por dinero.

Esta guerra civil irregular empezó con una declaración sorpresiva de la autoridad en diciembre de 2006 en Michoacán, cuando el entonces presidente de la República, en su condición de comandante supremo de las fuerzas armadas, lanzó a una cruzada contra el crimen organizado.

Como toda buena cruzada, se alimentaba de nobles principios pero se aplicaba de muy mala manera. La “guerra justa” pero irregular de Calderón tuvo un saldo inhumano: cerca de 70 mil ejecutados, 16 mil desaparecidos y más de 100 mil desplazados. Lo llevó a perder el poder y a una denuncia por genocidio en la corte penal internacional.

El nuevo gobierno traía otras prioridades. Las reformas estructurales del Pacto por México. De manera insólita, la seguridad y la procuración de justicia no aparecieron en esa agenda. Con ello, se deslindaba del gobierno anterior, pero no del problema nacional, que siguió creciendo y desarrollándose como el cáncer. Y hoy enfrenta las consecuencias de esta política de administrar, pero no enfocarse en el problema de fondo.

En el mundo ya no se habla de las reformas estructurales alcanzadas hace unos meses, sino del problema estructural y ancestral del país: la impunidad y la corrupción. Del endeble estado de derecho, sin el cual ninguna de las reformas habrán de avanzar y dar resultados.

La prensa extranjera (la única que le interesa a la actual administración), puso el dedo en la llaga este fin de semana. “Atrocidades en Iguala y Tlatlaya muestran a México como un país sin leyes”: The Economist. “México, en una narcocrisis más que grave de la que acepta Peña”: The New York Times. Mientras que Usa Today cuestiona la eficacia que se mostró para promover reformas, con la ineficacia para resolver en pocos días la mayor crisis de inseguridad y violación de derechos humanos registrada en América Latina.

Un país donde se descubren más fosas clandestinas que pozos petroleros, no es ciertamente una democracia en desarrollo.

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