Delincuencia juvenil y amnistía

De confirmarse que en Tlatlaya hubo una masacre, los resultados en materia de seguridad del actual gobierno quedarán manchados y cuestionados.

El caso Tlatlaya pone al descubierto al menos dos situaciones límite en el combate a la delincuencia organizada. Por un lado, el exterminio o ejecución extrajudicial a la que acuden con frecuencia las fuerzas armadas involucradas en esta estrategia; por el otro, el creciente número de víctimas civiles jóvenes en estos enfrentamientos, que parecen provenir de un vasto ejército delincuencial de reserva.

Desde el gobierno de Felipe Calderón, los partes informativos sobre los enfrentamientos de las fuerzas armadas con grupos civiles armados presenta la misma narrativa: al circular por alguna avenida, camino o brecha, las fuerzas del orden se topan con un grupo de civiles armados, los cuales al verse descubiertos inician la agresión, no quedando otro camino a las fuerzas del orden (militares, marinos o policías ministeriales) que repeler la misma, debiendo exterminar al grupo de civiles en su conjunto.

En estos comunicados ningún civil se rinde, se entrega, es desarmado, sobrevive a la refriega o resulta herido. Todos son de una osadía y un valor extremo, a tal grado que prefieren terminar su vida en ese momento que acabar en la cárcel. Esos comunicados oficiales, cortados con la misma narrativa o guión, casi no reportan detenidos, sino civiles abatidos. Ejemplos:

En Sinaloa, en noviembre de 2012, en Mocorito, después de una persecución de varios kilómetros, al verse rodeados por decenas de soldados no uniformados que los perseguían en camionetas no oficiales, la joven de 22 años María Susana Flores Gámez, bajó del vehículo con las manos en alto, gritó a sus persecutores que no dispararan, pero recibió una bala en el cuello. Era la Mujer Sinaloa 2012, que huía junto con El Cholo y otros presuntos operadores del Cartel de Sinaloa (sinembargo.mx).

En Tamaulipas, durante los enfrentamientos del pasado junio en el sur del estado, circuló en redes las fotos de tres sicarios heridos, ya sometidos, junto a otros dos muertos en enfrentamientos con fuerzas federales. Sin embargo, el gobierno del estado reportó oficialmente que los cinco habían resultado abatidos durante los enfrentamientos. Eran jóvenes de 22 a 26 años.

La información inicial sobre Tlatlaya siguió el “machote” de los anteriores: fuerzas del orden al repeler una agresión abatieron a 22 sicarios, entre 18 y 27 años, en una bodega donde además había civiles secuestrados y un arsenal de alto calibre. El balance era desproporcionado: mientras solo un soldado había resultado con una herida menor, todos los sicarios habían caído, a pesar de la gran capacidad de fuego que tenían a su disposición. Ninguno detenido, ninguno capturado, ninguno entregado. Algo no cuadraba ni checaba.

Poco a poco la prensa extranjera ha ido investigando y reconstruyendo lo que ya se considera “la peor masacre de civiles por parte de militares” en lo que va de la presente administración, y que motivó una exigencia pública del gobierno de Washington para esclarecer los hechos.

De confirmarse que en Tlatlaya hubo una masacre, los resultados en materia de seguridad del actual gobierno quedarán manchados y cuestionados, porque habrá de acreditarse que las ejecuciones extrajudiciales siguen siendo parte consustancial de la estrategia oficial, como en su momento lo fueron en el gobierno anterior.

Sobre el creciente número de jóvenes enrolados en las filas armadas de los cárteles, alguna medida importante debe tomarse en materia de seguridad, que no sea el exterminio, con visos de juvenicidio. Sabemos que la reconstrucción del tejido social (suma de educación, formación cultural, empleo remunerados e integración social) es una opción válida, pero de largo plazo.

Para los que ya han sido atrapados en las redes de los cárteles (voluntaria o forzadamente; permanente o circunstancialmente) habrá que ofrecerles una opción de salida del mundo criminal y de reinserción en la vida económica. Una ley de amnistía, acompañada de opciones de educación y vida productiva, para muchos de ellos sería una mejor alternativa que morir abatidos por grupos paramilitares privados o militares en activo.

Entre vivir “cinco años como rey” o “toda una vida jodido”, el Estado tiene que ofrecer a estos jóvenes estímulos y opciones para un tercer destino de vida: vivir como ciudadanos de bien, en una sociedad más justa.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

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