Crisis de representación, sin precedente

La crisis de representación sin precedente que trae a ejecutivos y legisladores por los suelos, podría alcanzar a la SCJN si invalida la consulta ciudadana como mecanismo para refrendar o revisar reformas constitucionales. Se habrá tocado fondo en esa crisis.

El único consuelo que tal vez tenga el titular del Ejecutivo federal mexicano al observar la alicaída popular presidencial de estos días, es no ser la única instancia de representación política en el país que anda volando bajo.

El promedio nacional de calificación de los gobernadores ronda 6.5, mientras que el de los alcaldes es de 6.0, de acuerdo con un promedio ponderado de mediciones públicas (Parametría, Consulta, Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2001-2012, Inegi-Segob, y el reciente Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México 2014, Ife-Colmex).

Esto significa que por vez primera algunas autoridades locales (gobernadores y alcaldes) traen una mejor calificación promedio que el Ejecutivo federal, lo cual podría ser un factor relevante en las elecciones del próximo año, donde coincidirán comicios locales con federales.

Pero fuera de esos casos, a nivel de la política local las cosas tampoco pintan muy bien. Solo una tercera parte de los gobernadores del país y una quinta parte de los alcaldes estarían por arriba de calificaciones aprobatorias (6 o más), confirmando que dos terceras partes de la pirámide de autoridades ejecutivas en el país se encuentran hundidas en el pantano de la reprobación ciudadana.

Hace una década, cuando dejé la gubernatura de Zacatecas, el promedio nacional de calificación de los gobernadores era de 8.5. Recuerdo que había mandatarios estatales de 9 y 9.5. Mientras que la media de alcaldes rondaba el 7.5. Hoy es diferente. La erosión de la confianza ciudadana en sus gobernantes, en los tres órdenes de la federación, es manifiesta.

Pero a los ejecutivos maltrechos de hoy les queda un consuelo: “los legisladores andan peor”. El Informe País del IFE (ahora INE) nos ubica a los diputados en el último lugar de confianza de los ciudadanos, de entre 16 instituciones políticas y sociales evaluadas (Ejército, iglesias, maestros, las ONG, organizaciones vecinales, gobierno federal, IFE, medios de comunicación, gobiernos estatales, gobiernos municipales, policía, empresarios, jueces, sindicatos y partidos políticos), con solo 18% de respuestas favorables.

Los diputados, a su vez, podríamos afirmar que “los senadores andan peor”. Consulta Mitofsky aporta un dato: “Los diputados y senadores logran un aprobación menor a la obtenida por el Presidente: 37% está de acuerdo en la forma que trabajan los diputados y 33% con la de senadores” (Evaluación de Gobierno, 7to. semestre, agosto 2014).

El proceso de aprobación de las reformas estructurales vino a ahondar esta crisis de representación, definida como la falta de confianza de los ciudadanos hacia sus autoridades o el rechazo abierto a sus decisiones y políticas públicas. El entusiasmo de algunos sectores en torno a las reformas contrasta con la desaprobación por parte de la mayoría ciudadana. Mientras una encuesta de Gea-Isa encontró que el principal “error” del actual gobierno habría sido el “Pacto por México”, Parametría y El Universal/Buendía coinciden en reportar la percepción negativa que traen las principales reformas estructurales.

Fuera de la reforma educativa donde 44% de los encuestados considera que le “beneficiará” (B) contra 29% que le “perjudicará” (P), la de telecomunicaciones trae indicadores de 38%B contra 35%P, siendo inversa la proporción en el resto de las reformas: política 44%P contra 22%B; energética 46%P, 34%B; financiera 52%P, 23%B; y Hacendaria 53%P, 21%B (Carta Paramétrica, 1 de septiembre 2014). Por su parte, la encuesta Universal/Buendía también ubica a la energética y a la fiscal como las dos más perjudiciales (8 de septiembre 2014).

No podría ser de otra manera. Las reformas que pide la gente son contra la inseguridad, el desempleo, los bajos sueldos y la corrupción. Nada de esto se abordó ni aprobó en los últimos dos años. Si a ello agregamos la forma inconsulta, atropellada y desinformada como se aprobaron, tendremos buena parte de la explicación de esa desaprobación ciudadana.

Esta crisis de representación sin precedente que trae a los ejecutivos y a los legisladores por los suelos —sin importar colores—, podría alcanzar a la SCJN si invalida la consulta ciudadana como mecanismo para refrendar o revisar reformas constitucionales. Se habrá tocado fondo en esa crisis, y habrá llegado la hora de reconfigurar en serio la carcomida y desconfiable democracia representativa mexicana.

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