Un gigantesco voto de castigo al PRI se perfila en la próxima elección presidencial. Y al parecer dos temas son los causantes: inseguridad y corrupción. De hecho, ambos flagelos están engarzados. Hay inseguridad por la corrupción y ésta se catapulta por la inseguridad.
Las izquierdas en buena parte del mundo ubican la corrupción como la causante de varios males sociales, entre ellos la inseguridad y la impunidad, mientras que otras corrientes de centro y derecha invierten el binomio: es la impunidad la causa de la corrupción y la inseguridad.
Los tres principales contendientes a la Presidencia ofrecieron ir contra la corrupción en sus respectivos registros oficiales el pasado domingo. ¿Qué proponen?
AMLO ofrece combatirla con “terquedad y locura”. Los ejes de su propuesta son: eliminar el fuero al Presidente y a los altos funcionarios públicos para ser juzgados por delitos de corrupción; considerarlo un delito grave y aumentar los castigos previstos por el Poder Judicial; gobernar con el ejemplo personal, “si el presidente no roba, tampoco lo harán los gobernadores y los alcaldes”.
Ricardo Anaya, por su parte, propone fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción ya existente con una reforma al artículo 102 constitucional, que conceda autonomía e independencia plenas a las fiscalías anticorrupción y general de la República.
José Antonio Meade ofrece tres elementos: recuperar el dinero, las propiedades y todos los bienes de los funcionarios corruptos para canalizarlos a un fondo nacional de becas para niños y mujeres; aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos; y volver obligatoria la certificación patrimonial para los altos funcionarios y legisladores.
La propuesta de AMLO ha sido cuestionada por ser voluntarista, personalista y reducir el combate a la corrupción a la buena o mala conducta del presidente en turno, dejando de lado el marco institucional.
El planteamiento de Anaya, por su parte, es cuestionado por lo contrario: exceso de institucionalismo y legalismo, que deviene en más burocracia, más gasto público y en el espejismo de que con más leyes tendremos servidores públicos más probos.
La propuesta de Meade, en cambio, siendo atendible, adolece de un mal exógeno: la falta de credibilidad y confiabilidad de todo lo que viene del régimen actual. El vino nuevo servido en odre viejo, termina por agriarse.
El desafío de la corrupción en el país es tan grande y profundo que sería un error de visión pretender desdeñar las propuestas anteriores, solo por provenir de un rival o adversario político.
El reto del próximo gobierno es sumar, coaligar y considerar las propuestas más viables que surjan tanto de los actores políticos como de la sociedad civil.
Al respecto, habrá que considerar las mejores prácticas y experiencias internacionales que han contribuido a combatir este cáncer social. Hay tres elementos que no están claramente expuestos en las propuestas anteriores y que podrían enriquecer la próxima política pública anticorrupción.
La contraloría social, la educación para la formación de ciudadanos íntegros y la validación internacional.
Los ciudadanos son los mejores inspectores y auditores de las presuntas conductas ilícitas o faltas de ética de los servidores públicos. La educación para la integridad debe impartirse desde la educación primaria, mientras que la observación extranjera ayudaría a recuperar la confianza y el respeto internacionales hoy en entredicho.
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