Antilogia

Por una nueva Constitución

El próximo año nuestra Constitución cumple un siglo. Y son tantas las reformas, adiciones y modificaciones, pero ante todo las violaciones e incumplimientos que registra nuestra Carta Magna, que no debe extrañarnos que desde diversos foros y frentes se pida una nueva Constitución.

Sin embargo, el aparente consenso dominante se convierte en diáspora cuando se pregunta: ¿qué tipo de Constitución? Los planteamientos van desde retomar el texto original de hace un siglo, hasta la configuración de una constitución de pleno y absoluto contenido neoliberal, donde se eliminen "funciones contranatura" del Estado como aquella de regular el mercado y los agentes económicos.

Entre ambos extremos se mueve un abanico de posiciones y planteamientos que van de izquierda a derecha, según el peso que se otorgue a cada uno de los principios binarios (binomios axiológicos) que regula el constitucionalismo contemporáneo: libertad-seguridad; individuo-sociedad; autoridad-derechos humanos; gobernantes-gobernados; soberanía-globalización; Estado-mercado; propiedad pública-propiedad privada; riqueza individual-equidad social; división vertical y horizontal de poderes; Federación-gobiernos locales; derecho-justicia; legalidad-legitimidad; entre otros valores y principios que suelen entrar en conflicto.

La necesidad de una nueva Constitución no solo deriva de la transfiguración que ha sufrido la original de 1917, sino de la manera tan desaseada como se han ido incorporando disposiciones que desde el punto de vista de la técnica jurídica deberían incorporarse a leyes secundarias o reglamentarias.

Una nueva Constitución en 2017 debería diseñarse con la mirada puesta en los próximos cien años, de tal forma que las enmiendas y adiciones en el próximo siglo sean las mínimamente necesarias, con un articulado básico que lo mismo pueda ser aprendido y socializado por una niña(o) de primaria que por un adulto mayor, por el mexicano de la frontera que por la indígena del sureste, por el empresario más acaudalado que por el trabajador informal, por el ciudadano minusválido que por la máxima autoridad del país. Una Constitución que ciudadanice el poder público, de tal forma que convierta a cada mexicano en su propio abogado defensor.

Esto implica, entre otras muchas acciones, eliminar el vicio del instrumentalismo o reduccionismo constitucional. Es decir, la práctica mediante la cual cada presidente o grupo de interés que se hace del Poder Ejecutivo (y últimamente también de los poderes Legislativo y Judicial bajo el esquema de la cuotas partidistas), instrumenta reformas constitucionales para imponer su proyecto político y económico al resto de la sociedad. Un vicio que seguirá avanzando mientras no exista el contrapeso real de los instrumentos de la democracia representativa directa como el referendo, el plebiscito, la iniciativa ciudadana y la revocación del mandato por causas graves como la corrupción.

Una oportunidad inédita para construir un referente nacional de una nueva Constitución de avanzada, de corte democrático, garantista y social, la tendrá la Ciudad de México este año, con la asamblea constituyente que le dará la primera Constitución en su historia. De aquí puede nacer la esperanza de una nueva Constitución para el México del siglo 21, o la desilusión de quedarse atrapado en la inercia del constitucionalismo faccioso, burocrático y conservador.

ricardomonreala@yahoo.com.mx
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