Antilogia

Plaga de desconfianza

Más que una plaga susceptible de erradicar con un funguicida cualquiera, lo que padecemos es un cáncer que exige quimioterapia mayor.

Dicen que 49 por ciento de la solución de un problema es reconocer que existe. El 51 restante son las medidas que se toman para superarlo de manera oportuna y eficaz.

La declaración del mandatario mexicano al Financial Times de que México está plagado “de incredulidad y desconfianza… (que) ha habido una pérdida de confianza que se ha traducido en sospecha y duda”, es una forma de decir al país y al mundo: ya entendemos lo que no entendíamos (The Economist dixit).

El detalle es que no es una crisis de confianza cualquiera, que se pueda remediar con una receta del Dr. Simi.

Si consideramos que la confianza y la credibilidad, junto con la legalidad, son el tripie de la legitimidad, lo que padecemos entonces es una crisis sistémica de legitimidad o una crisis de legitimidad del sistema de representación actual.

Esta crisis de legitimidad llegó a la punta de la pirámide política (la Presidencia), pero antes arrastró tras de sí al resto de los niveles y órdenes que la componen: el Congreso, la Suprema Corte, el Poder Judicial, la procuración de justicia, las policías, los partidos políticos, el INE, el Ejército, los gobernadores, los alcaldes, los medios de comunicación y hasta los maestros y los sacerdotes (con los escándalos de pederastia).

Por ello, más que una plaga susceptible de erradicar con un funguicida cualquiera, lo que padecemos es un cáncer que exige quimioterapia mayor, antes de que se colapse todo el cuerpo social.

Es tan urgente el tratamiento, que más que indagar cómo empezó este cáncer (algo que está sobrediagnosticado, y conectado con la corrupción, la inseguridad, la desigualdad y la impunidad), debemos ver cómo salir de este déficit de confianza y credibilidad agudo.

No hay recetas mágicas para este mal, y sí medidas concretas para instrumentar. Aquí algunas de ellas.

1) Una comisión legislativa investigadora para determinar si hubo o no conflicto de interés en el caso de las casas subrogadas por la constructora Higa a la familia presidencial. 2) Reconocer los delitos de corrupción y abuso de poder como causales de juicio de procedencia contra el Presidente de la República, gobernadores y alcaldes; 3) Introducir el “juicio de residencia” para los ejecutivos de los tres órdenes de gobierno, de tal forma que sean susceptibles de investigación hasta un años después de concluido el cargo; 4) La pérdida automática del fuero en los casos de desvío y delitos patrimoniales graves, a petición de autoridad competente; 5) Difusión obligatoria de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de los servidores públicos, de los tres órdenes y de las tres ramas de gobierno, incluidos el sector público descentralizado; 6) Disolución y extinción de dominio a las empresas privadas coludidas en actos de corrupción con funcionarios públicos; 7) En el caso Ayotzinapa: reconocer la facultad de la ONU para investigar desapariciones forzadas y aceptar plenamente sus recomendaciones; 8) Investigar por omisión al gobierno de Felipe Calderón por las 75 mil ejecuciones extrajudiciales y las 18 mil desapariciones registradas durante su administración; 9) Cancelar la compra del ostentoso nuevo avión presidencial; 10) Que se meriten y fundamenten mejor las actuales propuestas para ministro de la Suprema Corte y para la Fiscalía de la Nación, no por insuficiencia de méritos de los propuestos, sino para evitar el avasallamiento de poderes.

Reconocida la gravedad del mal, habrá que asumir su imperiosa cura.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

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