Antilogia

El Ejército, a Cienfuegos

El ventilar público del estado que guarda la relación del poder castrense con el poder civil de la nación es sano, higiénico e indispensable.

Inusual, la entrevista con el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda (ElUniversal, 29 de junio). La intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo que se conoce como “militarización” del combate a la inseguridad, es quizá la principal fuente de preocupación al interior de la institución.

Se reconoce que esta estrategia ha sometido al Ejército “a un desgaste mediático, hay un desgaste de personal, de material, pero tratándose de nuestro país no es un costo que tengamos que poner en duda, habrá que seguir haciéndolo hasta el momento en que sea requerido”.

Hay una crítica abierta a la vulnerabilidad jurídica en la que se mueven las fuerzas armadas, y un reclamo directo a los gobiernos locales por su falta de compromiso para promover fuerzas policiacas confiables, profesionales y eficaces.

Si bien la participación de las fuerzas armadas está fundada en la Constitución (artículo 89, fracción VI), “hay un vacío importante, pues del artículo de la Constitución hacia abajo no encontramos ninguna ley reglamentaria, no hay nada que diga como deben de actuar las fuerzas armadas, hasta dónde, en qué lugar, en qué tiempo”.

Este vacío se podría llenar con dos leyes reglamentarias: una de seguridad nacional y otra de defensa nacional. Algo que la Sedena ya gestionó ante el Congreso, pero “hubo algunos intereses partidistas y esto quedó en la nada”. Es importante puntualizar qué tipo de intereses impidieron la concreción de esas leyes.

Respecto a los gobiernos locales, el cuestionamiento es directo. “No veo esfuerzos decididos en algunos estados, en la gran mayoría no veo esfuerzos decididos porque estas policías avancen”.

Y mientras persista este incumplimiento de las autoridades locales, el Ejército seguirá en las calles supliendo la labor de las policías, lo que el titular de la defensa nacional ve prolongarse a lo largo de este sexenio.

Si el Ejército seguirá de manera indefinida en las calles, además de la protección jurídica, requiere del sustento presupuestal correspondiente. “El presupuesto de defensa de nuestro Ejército no llega a 0.5% del PIB, cuando el promedio está entre 1.5 y 2.5% en el resto de América Latina”. Sin embargo, con el inminente “presupuesto base cero” que se aplicará el próximo año, se alejará aún más la posibilidad de alcanzar ese umbral.

Sin embargo, el tema de los derechos humanos es la gran piedra de toque. El general Cienfuegos pide se le explique una contradicción: “Somos, según el decir de muchos, una de las instituciones que más violan los derechos humanos, pero en todas las encuestas somos la institución más confiable”.

El caso Tlatlaya salta a la palestra. A casi un año del suceso más delicado en materia de violación de derechos humanos de la actual administración castrense, el general secretario clama por un fallo de la justicia civil: si los militares señalados son responsables que se les procese; pero si no, que se les exonere. En carne propia, el secretario de la defensa padece los entuertos de nuestra “justicia cotidiana”, que no es de barandilla, sino de buhardilla.

Por último, en la entrevista no hay una sola mención al caso Iguala, a pesar de algunos señalamientos al Ejército. ¿Olvido? ¿Borrón? ¿Superación?

Este ventilar público del estado que guarda la relación del poder castrense con el poder civil de la nación —del cual depende formalmente el primero— es sano, higiénico e indispensable.

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