Antilogia

Derechos humanos, el retroceso

México tiene en el papel uno de los sistemas de leyes e instituciones más avanzados en materia de protección de derechos humanos, pero en la práctica registra uno de los atrasos más persistentes y preocupantes en la materia a escala mundial.

Este deterioro está afectando la calificación del país en las mediciones y proyecciones sobre la calidad de nuestro estado de derecho y nuestra democracia.

Tiene que ver con dos factores que no hemos podido superar como gobierno, como sociedad y como país: la impunidad y la corrupción.

Acontecimientos como las ejecuciones en una bodega de Tlatlaya, en el Estado de México; los 43 estudiantes normalistas atacados en Iguala, Guerrero, y las recientes desapariciones de jóvenes en Tierra Blanca y Papantla, en Veracruz, son ejemplos de esa creciente vulnerabilidad de los derechos humanos en una de sus vertientes más graves: la desaparición forzada. Es decir, detenciones ilegales donde interviene algún tipo de autoridad o cuerpo policial que, se supone, está precisamente para defender a los ciudadanos.

El sistema de instituciones y leyes mexicanas que protegen los derechos humanos está diseñado para la normalidad, para situaciones donde las denuncias y demandas se procesan y absorben de manera ordenada, controlada, y las partes aceptan el dictamen, el veredicto o las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos y de los tribunales.

Pero todo este entramado está ahora rebasado por la anormalidad que significan más de 22 mil desapariciones, más de 200 fosas clandestinas descubiertas en los últimos años con un indeterminado número de cuerpos (se han descubierto más fosas que pozos petroleros), con cuerpos policiacos municipales o estatales vinculados al crimen organizado que "maquilan" detenciones y desapariciones para grupos delincuenciales, con tramos carreteros en el noreste del país donde no se puede transitar de noche, con poblaciones rurales que viven de facto "toques de queda" después de las nueve de la noche, con grupos de autodefensa en el sureste del país y con la creciente compra y portación de armas por particulares en los últimos años para la defensa del hogar o del negocio.

A este ambiente de deterioro de los derechos humanos no ayudan cuatro acontecimientos recientes: la negativa oficial a que los militares que estuvieron en Iguala el 26 de septiembre de 2014 sean interrogados por el grupo de expertos internacionales; la denuncia penal contra el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, por presunto delito de fraude contra la Federación por el cobro de dos millones de dólares para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes; la negativa para que el relator especial de la ONU sobre Tortura, Juan Méndez, visite nuevamente nuestro país antes de que concluya su misión en octubre próximo, y la llamada "ley garrote" que acaba de ser aprobada en el Estado de México (réplica de la "ley bala" que se impulsó hace unos meses en Puebla).

Estos cuatro ejemplos nos proyectan como un país autoritario, cerrado y nugatorio de los derechos humanos.

La globalización no es solo un fenómeno económico. Es, ante todo, un proceso de ciudadanización o creación de ciudadanías globales, donde los derechos humanos son el bien público más completo y acabado. Mientras no comprendamos esto, nuestra globalización económica será siempre a medias, incompleta y de estirpe autoritaria.

ricardomonreala@yahoo.com.mx
Twiter.@ricardomonreala