Antilogia

Agua y petróleo

México será la octava región del planeta donde podrían registrarse guerras por el agua. Por si no nos faltaran calamidades.

La Ley General de Aguas que se votaría el día de hoy en la Cámara de Diputados —pospuesta por la presión de organizaciones sociales, civiles y partidos de izquierda— es la versión hídrica de la reforma energética, o la segunda parte del despojo de los recursos naturales del país.

Tal como lo advertimos desde diciembre de 2013, cuando se presentó la reforma privatizadora del petróleo y la energía eléctrica, el siguiente paso inevitable era la privatización del agua.

El modelo de extracción de gas y petróleo shale elegido por los promotores de la reforma energética fue el fracking o fractura del subsuelo, conocido en todo el mundo por sus altos riesgos contaminantes y por su utilización intensiva de agua (se requieren hasta 32 millones de litros de agua para operar un pozo). Una técnica ya proscrita en varios estados de la unión americana (Nueva York, el más reciente) y en varios países europeos (Francia, Alemania, Noruega).

Aquí, en cambio, se fomenta y financia con deuda pública, como acontece con el proyecto hidráulico Monterrey VI que busca llevar agua del río Pánuco al noreste del país, para garantizar la operación de fracking en Coahuila y Nuevo León.

Sin matices, la ley reconoce que su objetivo es “lograr la promoción y fomento de la participación de los particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal”, es decir, la privatización en todos y cada uno de los eslabones de la cadena de generación, distribución y cobro del agua.

Esta entrega va blindada con la fuerza del Estado. Se autoriza a utilizar la fuerza pública si una comunidad se resiste a cambiar de lugar para construir una presa hidráulica. Por ejemplo, la comunidad de La Parota, en Guerrero, ahora sí podrá ser desplazada con la ley en la mano y los bulldozer de por medio.

Pero no es lo único. De acuerdo con el análisis de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, dicha ley: 1) promueve la privatización del agua al considerarla principalmente un bien económico y no un bien cultural y social, 2) promueve el desplazamiento de personas y la muerte de los ríos, 3) amplía los márgenes para poder contaminar el agua y 4) restringe, condiciona y sanciona los estudios, la investigación científica y el monitoreo del agua.

Se permite el trasvase o reencauzamiento de los ríos y cuencas de agua, tanto por autoridad pública como por particulares, por lo que cuerpos de agua destinados al uso agrícola serán utilizados ahora de manera prioritaria para surtir de agua a las ciudades y a las industrias.

Por ejemplo, la comunidad Yaqui en Sonora no tendrá más argumentos para defender sus aguas patrimoniales ante las necesidades de la industria automotriz y refresquera de Hermosillo. Y así podríamos enumerar no menos de una docena de casos donde los conflictos por el agua están a boca de río.

En el mundo hay actualmente siete regiones en guerra por el agua (la franja de Gaza-Cisjordania; la cuenca del Tigris y del Éufrates; la cuenca del río Zambeze en África; la cuenca fronteriza sur del río Nilo; la disputa entre Malí y Nigeria por el río Volta; las reservas de agua subterránea en el norte de China; así como uno de los siete ríos más sagrados de la India, el río Kaveri, en el Golfo de Bengala).

De pasar esta Ley General de Aguas tal y como fue aprobada en la comisión correspondiente, a puerta cerrada y con guardias de por medio,  México será la octava región del planeta donde podrían registrarse guerras por el agua. Por si no tuviéramos suficiente con la guerra civil irregular de las bandas criminales.

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