Lo urgente es la reconstrucción de la paz

El actual gobierno federal para diferenciarse del anterior, orientar al país rumbo a la competitividad internacional y aliviar la tensión provocada por la violencia, no propuso en su programa atender la guerra contra la delincuencia como el primero y más grave problema nacional. Por el contrario, pretendió enfrentarla con la misma estrategia fallida y sofocando la difusión y el  análisis. Sin embargo, la gravedad se ha impuesto a las buenas intenciones; y otra vez peligra la ruta al bienestar y progreso. Por lo tanto, es apremiante que los gobiernos federal, estatales y municipales se resuelvan a dar un golpe de timón con la contundencia y dirección que la situación reclama y que sus acciones  sean acordes a la aspiración democrática. La definición de  un conflicto social y su elevación a problema y política públicos se resuelven de manera distinta en los sistemas autoritarios que en las democracias. En las dictaduras la definición del problema y su solución se deciden por el grupo en el poder; en cambio, en los países libres los problemas se deben poner sobre la mesa para el conocimiento, análisis y opinión de los ciudadanos.Tratándose de la seguridad las acciones concretas no pueden debatirse en público. Pero si se deben difundir las causas del problema; y los objetivos, métodos y recursos de los belicosos. Hasta ahora, ante el combate al crimen y la asonada social protagonizada por grupos cuya violencia tiene fines políticos, sólo han participado el gobierno, los partidos, las élites y los beligerantes; en tanto la sociedad  victimizada, pacífica y laboriosa ha sido el convidado de piedra.  La emergencia nacional tiene dos vertientes: la inseguridad y la falta de trabajo. Así, pues, es urgente poner sobre la mesa las causas de la violencia delictiva y social y los peligros reales e inmediatos para la nación. Revisar los elementos que fomentan y facilitan la delincuencia, tales como la corrupción, la penalización de las drogas; la introducción y venta de armas; el uso de automóviles irregulares; la violación consuetudinaria de las leyes; y la impunidad rampante. Es urgente un plan de educación fundamental y técnica en plazos reducidos para las personas en pobreza extrema; y la concesión de estímulos fiscales a los empleadores para que las incorporen al trabajo. Es imperioso disminuir severamente el financiamiento a los partidos y los sueldos de los funcionarios públicos porque sus ingresos son inmorales y subversivos en medio de la pobreza.    El análisis y el debate deben de ser  ágiles pero suficientes para construir una política pública legitimada por la justicia social y la participación ciudadana.