El petróleo y la reducción de los recursos públicos

La estrategia gubernamental ante la inminencia de problemas graves, sigue siendo la misma: negar los hechos, o minimizar sus efectos. La sociedad para madurar cívicamente, tomar decisiones y prevenir los males necesita información veraz y oportuna. En los países desarrollados los gobernantes encaran públicamente los conflictos y proponen las acciones a seguir.  En México, siempre se afirma que estamos preparados para resistir sin daño todos los peligros.Esa fue la primera reacción oficial ante la drástica caída de los precios del petróleo. Por el contario los economistas, como es lógico, desde el principio advirtieron que la reducción de los precios traería como consecuencia inevitable bajar los presupuestos para ajustar los gastos de la federación, los estados y municipios a la nueva proyección de ingresos del petróleo. Para algunos analistas el faltante será de aproximadamente 100 mil millones para el año 2015.Todo el presupuesto nacional será afectado por la reducción de ingresos; y los más perjudicados serán, naturalmente, los estados con mayor dependencia del ingreso por el petróleo; y los que tengan mayor deuda pública. Es lamentable que la riqueza petrolera siempre haya beneficiado a funcionarios, empresarios y líderes venales, y al sindicalismo corrompido con fines de control político; y que cuando se decidió  distribuir los ingresos entre los distintos ordenes de gobierno, los estados y municipios lo aprovecharan para endeudarse ilimitadamente.Con la caída de los precios terminó para los gobiernos la euforia de los gastos suntuarios y para los banqueros la fuente de ganancias que les producen los intereses, comisiones y pagos de los créditos que otorgan a los gobiernos sin respetar los requisitos constitucionales. En tanto, los ciudadanos tenemos que pagar las deudas contraídas con mayores impuestos y menos obras y servicios; así como padecer la reducción de los programas sociales; y el inevitable  encarecimiento de la vida.Ante ese panorama,  lo menos que podemos es exigir que se ejerzan acciones legales en contra de quienes han saqueado al erario público para que paguen los daños; que se bajen los sueldos y prestaciones de los funcionarios públicos; que haya menos senadores y diputados federales y estatales; y que en los municipios se  reduzca la carga económica que significan el elevado número de regidores y direcciones generales. Ahora, es urgente hacer realidad la transparencia, la rendición de cuentas y el cobro efectivo de responsabilidades, para tener gobiernos honestos, eficaces y de reconocida austeridad republicana.