La impunidad

La ley es general, obligatoria, abstracta e impersonal; porque se aplica a todos, se impone aún en contra de la voluntad de los sujetos y no regula casos concretos ni individualmente determinados.

En un Estado de Derecho real, las leyes penales se aplican observando las características enunciadas, y los ciudadanos en lo general respetan las reglas. Así, la normalidad es el acatamiento del derecho y lo excepcional, la infracción de la normatividad.

En México las autoridades de todos los niveles, con meritorias excepciones, cometen los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias y abuso de autoridad, pero raramente se les castiga; y cuando ocurre es venganza política y no justicia.

Tampoco son enjuiciados los dirigentes de los grandes sindicatos, los empresarios y banqueros acreedores de la nación, estados y municipios coludidos con los gobiernos y por ello beneficiarios de la misma impunidad.

Los crímenes de la delincuencia son incontenibles y se ha ido apoderando de sectores económicos y actividades oficiales, al grado que en algunos casos actúa como un orden de gobierno paralelo.

Disfrutan de inmunidad penal líderes y colectivos sociales, que con motivo de reclamaciones de justicia, cometen flagrantemente toda clase de delitos: homicidios, privaciones de la libertad, lesiones, robos y daños en propiedades del Estado y de particulares.

Están a la vista el contrabando y piratería de toda clase de objetos y su comercialización irrestricta; el robo de energía eléctrica y la expedición de placas de circulación nacional para vehículos introducidos ilegalmente al país.

Así, pues, no existe el Estado de Derecho; y los pocos ciudadanos respetuosos de las leyes vivimos bajo la zozobra y el miedo a la delincuencia, el acoso y la tortuosidad de las acciones gubernamentales y la desventaja económica frente a quienes viven en la informalidad.