La globalización y las Leyes

Soberanía significa el poder supremo; así los Estados son soberanos porque al interior de ellos no puede haber otro poder igual y menos aún superior; y al exterior son, en la doctrina política, iguales e independientes. Por lo tanto, teóricamente, ningún Estado ni entidad extranjera debería de interferir en las decisiones interiores de otro sin su voluntad. Sin embargo, los países desarrollados siempre han impuesto sus intereses a los más débiles por medio de las guerras de conquista y colonialismo; o por formas menos destructivas como la explotación de las materias primas, el comercio y el colonialismo cultural, y a partir de las dos guerras mundiales, se han creado organismos internacionales cuyas decisiones afectan la vida interior de los países. Además, el proceso económico, tecnológico y sociocultural planetario de la globalización económica, cuyos rasgos son el libre comercio, las empresas multinacionales, la desregulación financiera, la privatización de las empresas estatales, la libertad de comunicación y la dependencia  entre países, requiere la uniformidad de las legislaciones nacionales para evitar las barreras legales y para que las empresas mundiales jueguen con las mismas reglas. Todo eso ha desdibujado la soberanía de los Estados.A ese nuevo escenario corresponden las más importantes y recientes reformas constitucionales y leyes mexicanas. Entre otras, la justicia penal con los juicios orales; la incorporación al artículo 1º constitucional de todos los tratados internacionales sobre derechos humanos;  el juicio de amparo con el control difuso por convencionalidad y la posibilidad de atribuir el carácter de autoridad responsable a algunos particulares; el acceso a la información y la protección de datos; la centralización de las leyes de política electoral; las reformas energéticas y fiscales; y la normatividad contra el lavado de dinero.  Quizás algunas de esas leyes en el futuro sean benéficas; pero, definitivamente, no fueron fruto de la voluntad popular que es la condición para la legitimación de las normas; por el contario fueron impuestas sin considerar las condiciones socioeconómicas y geográficas de México; y sin adecuarlas a la realidad. Así, pues, será complicada la aplicación de muchas por la falta de  recursos públicos, como la justicia oral; por la pobreza y la desigualdad que impiden cumplir con las reglas fiscales y en contra del lavado de dinero; y por no haber puesto como límite al ejercicio de los derechos humanos el respeto al Estado de Derecho. Por lo tanto, los efectos de nuestra revolución legislativa son, hasta ahora,  indeterminados e incalificables.