La dudosa constitucionalidad de la Ley de Aguas

A veces parece que el gobierno todo lo quisiera arreglar con nuevas leyes en vez de cumplir y hacer cumplir las existentes. Pero tratándose de los servicios vitales como el de agua potable y saneamiento es indispensable revisar la validez constitucional de la Ley de Aguas del 24 de febrero del 2009  y del decreto  creador de SIMAS; y ese es el propósito de este artículo.
Los antecedentes son: Eliseo Mendoza Berrueto, gobernador del Estado, con base en la Ley para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios, publicada el 9 de febrero de 1993, decretó la creación de SIMAS de Torreón; decreto publicado en el día  31 de agosto de 1993.  
Esa Ley y el decreto fueron abolidos por las reformas constitucionales de 1999; el nuevo texto del art. 115 transformó la administración municipal en orden de gobierno; facultó  a los ayuntamientos para hacer los reglamentos que organicen los servicios públicos; incluyó el servicio de agua potable y saneamiento a cargo de los municipios; y ordenó que los asuntos competencia de los gobiernos municipales se ejerzan de manera exclusiva por los ayuntamientos.
Así, el art.115 abolió tácitamente la  Ley para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 1993 y, consecuentemente, el decreto del gobernador del Estado, Eliseo Mendoza B. El nuevo texto encomendó a los municipios la prestación del servicio y dispuso que su organización es competencia exclusiva de los ayuntamientos. Por lo que desde 1999 se debieron de expedir la nueva ley de aguas y saneamiento y el reglamento municipal correspondiente.  
Sin embargo, hasta el 24 de febrero del 2009 se publicó la nueva Ley de Aguas. El art. 2 dispone que los servicios estarán a cargo de los municipios; pero la Ley regula en exceso como, cuando, con que y quienes deben de prestar el servicio, restringiendo la libertad municipal para organizar la prestación de esos servicios; ese exceso legislativo viola, en mi concepto, el art. 115 constitucional; y por lo tanto la Ley de Aguas es inconstitucional.
En los transitorios la nueva Ley abrogó la del 9 de febrero de 1993, pero dispone que los sistemas operadores (SIMAS) continuarán hasta el 30 de septiembre de 2013 al amparo de los decretos de creación; eso es una aberración jurídica porque esos decretos no pueden existir sin la ley que los originó. Es, pues, urgente restablecer la competencia municipal para que los ayuntamientos puedan con la libertad y extensión que la Constitución les concede reglamentar el servicio de agua y saneamiento.