La deuda pública de PEMEX y la CFE

En la naturaleza todo es un movimiento circular para volver al punto de partida; y tal parece que lo mismo ocurre en los acontecimientos sociales. Ayer el Senado aprobó la reforma energética. Ayer volvimos, legislativamente, a la situación de México anterior a las nacionalizaciones del petróleo y la energía eléctrica. Paradójicamente los argumentos para la privatización de ahora son los mismos que se usaron para la nacionalización: el acceso del país al desarrollo y la riqueza.     Se aprobó asumir como deuda pública el pasivo laboral de PEMEX y la CFE de 1.7 billones de pesos, provocado por el pago de las pensiones por jubilación. La explicación oficial del pasivo es que hace 50 años el promedio de vida era de 60 años y como los trabajadores se jubilan a los 55 años de edad o a los 25 de servicio, las pensiones duraban 5 años aproximadamente. Ahora la esperanza de vida es de 77 años por lo que las pensiones duran entre 20 y 30 años. La justificación es quitar esa carga a las dos empresas para que sean competitivas. Sin embargo, la causa real es la corrupción. Los gobernantes han dispuesto de PEMEX y la CFE como si fueran bienes propios e invitaron como cómplices a sindicatos y empresarios. Los trabajadores se han beneficiado con sueldos, prestaciones y jubilaciones desproporcionados; y ahora quienes no fuimos favorecidos con las privatizaciones, y sí padecemos los altos precios y la mala calidad de la gasolina y la energía eléctrica, debemos pagar el pasivo laboral. Es tiempo de que los problemas se resuelvan de manera legal y justa. Las condiciones laborales de PEMEX y la CFE deberán de ajustarse a la realidad para que el país no quiebre. Los patrones tienen el derecho de solicitar la modificación de los contratos colectivos para reducir las prestaciones a las circunstancias económicas. El gran temor para hacerlo es la amenaza de la huelga; pero ese es el punto que gobierno y sindicatos deberán de resolver con verdadero patriotismo.Por otra parte, me parece inconstitucional la asunción del pasivo como deuda pública porque el Congreso no tiene facultades para hacerlo. Puede autorizar al presidente a celebrar empréstitos y para reconocer la deuda nacional; pero no para transformar la deuda de organismos descentralizados con patrimonios propios en deuda pública. Pero, aún, si esa facultad existe el procedimiento es nulo porque son los diputados quienes aprueban anualmente el presupuesto de egresos, previo examen y discusión del proyecto enviado por el presidente y una vez que hayan sido aprobadas las contribuciones para cubrir los gastos. El pasivo laboral necesariamente será parte del presupuesto de egresos y por lo tanto debió de seguirse el procedimiento citado. El respeto a las leyes es la primera condición para restablecer la convivencia nacional pacífica, ordenada y constructiva.