La defensa de la propiedad y de su entorno

Para fortalecer la conciencia cívica y el respeto a las layes es necesario conocer y ejercer los derechos. Los ciudadanos estamos obligados a pagar el impuesto sobre plusvalía cuando se incrementa el valor de nuestras propiedades por la ejecución de obras públicas. Sin embargo, nadie indemniza a quienes sufren la disminución del valor de sus inmuebles por culpa de obras públicas o acciones indebidas de la autoridad. En este escrito trataré de demostrar que los afectados tienen el derecho a ser indemnizados por la perdida patrimonial que padezcan injustamente.
El art. 1º constitucional amplió el reconocimiento y protección de las garantías de los gobernados a todos los derechos humanos incluidos en los tratados internacionales celebrados por México, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. A la par impuso a todas las autoridades las obligaciones de ajustar sus actos respetando irrestrictamente los derechos humanos, aún en contra de las leyes aplicables; y de interpretarlos en la forma más favorable para la protección de las personas. Principios que la doctrina ha denominado control por convencionalidad y pro persona.
El art. 4º constitucional reconoce el derecho humano de vivir en un medio ambiente sano para el bienestar y desarrollo; así como de disfrutar una vivienda sana y decorosa. Aplicando el principio pro persona, el derecho a vivir en un medio ambiente sano debe ampliarse a los alrededores de los inmuebles destinados también a negocios; y, en consecuencia, también proteger a sus dueños para que no se altere el entorno en su perjuicio.
Es una práctica gubernamental común trastornar el entorno de los inmuebles con nuevas vialidades, la improvisación de pares viales en calles cuya anchura no es apta para ese fin, con puentes vehiculares y peatonales, supresión de carriles para estacionamiento,  eliminación de banquetas en todo el perímetro de gasolineras y tiendas de conveniencia; así como  la instalación de comercios en colonias residenciales, calles y plazas públicas.
Las obras referidas en la mayoría de los casos entorpecen o inhabilitan el destino de los inmuebles. En todas las ocasiones se violan los derechos adquiridos por los dueños que pagaron el precio estimado por la construcción, la ubicación y el entorno; y con base al precio pagan los impuestos sobre adquisición de inmuebles y predial.
Además del daño económico se perjudica la tranquilidad y la seguridad jurídica y física de los afectados, quienes por eso tienen derecho cuando las perturbaciones sean graves a que la autoridad observe el procedimiento de expropiación para que demuestre que la obra es necesaria y se pague lo justo a los propietarios; y cuando se trate de alteraciones menores tendrán derecho a que se les indemnice por la perdida patrimonial y el daño moral.


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