El decálogo presidencial

El presidente Peña Nieto en respuesta a los trágicos acontecimientos de Iguala, a la protesta e inconformidad general por la inseguridad, la corrupción y la desigualdad,  la semana anterior presentó el Decálogo por la Paz, la Unidad y la Justicia, conformado por iniciativas de leyes y medidas administrativas. La percepción de la mayoría es que las acciones anunciadas son insuficientes ante la gravedad de la situación.En efecto, la decisión presidencial parece ajena a los hechos y carente de sustancia y fuerza; por eso deberíamos de reflexionar sobre cómo se toman las decisiones en México y conformar una opinión pública informada y constructiva capaz de cambiar las disposiciones equivocadas y sostener las acertadas. En ese contexto expongo los motivos, que en mi opinión, han determinado las acciones gubernamentales ante la crisis:I. Ocultar o disimular la gravedad de los hechos. II. Evitar el enjuiciamiento al gobierno anterior; y, en general, no fincar responsabilidades oficiales. III. Tratar que las nuevas acciones no agudicen la confrontación y la violencia social. IV. Cuidar los intereses y la diferencia de criterios de los actores políticos, tecnócratas y factores reales de poder. V. Administrar los costos políticos. VI. Optar por iniciar nuevas leyes o reformar las existentes. VII. Pretender la legitimación popular a través de los consensos partidistas sin acotar el precio del respaldo. A esos factores se suman tres constantes endémicas de nuestros gobiernos: una es el movimiento pendular que lleva las decisiones de un extremo a otro para después volver al punto de partida; la segunda, la modificación del texto constitucional para borrar de raíz lo descalificado y consagrar una nueva doctrina; y la tercera, la pretensión de hacer creer que las leyes por sí solas, sin su aplicación concreta y efectiva, bastan para cambiar la realidad.Por esos lineamientos, el actual gobierno federal estableció una complicidad con el anterior que anuló la esperanza del cambio, cifrada en la alternancia; se ha privado de la legitimación necesaria para atacar los problemas de raíz; ha alejado la posibilidad de alcanzar el Estado de Derecho; y, ahora, responsabilizado de delitos que no cometió, difiere las soluciones realmente ejecutivas que le competen, presentando a cambio iniciativas de ley y medidas administrativas esperando que el tiempo extinga o mitigue los conflictos.Pero la culpa no es sólo del gobierno; todos hemos participado en alguna medida en la descomposición social. Por eso es necesario hacer una autocritica individual, social y gubernamental con el firme propósito de enmendar nuestros errores y  definir que debemos hacer para  tener el México nuevo, pacífico, laborioso y justo que anhelamos.