La corrosión del Estado de Derecho

Si juzgáramos sin partidismos políticos ni simpatías personales la situación en que recibió el país el actual gobierno federal, aceptaríamos que heredó problemas cuya magnitud nos impide vivir de manera tranquila, ordenada y productiva.

Pero, tampoco podemos ignorar que las acciones actuales para recuperar la paz, establecer la justicia y alcanzar el desarrollo equitativo han sido pocas e insuficientes. En esas circunstancias, es natural que se pierda la confianza en las autoridades y las instituciones.

Los funcionarios públicos repiten que la publicidad negativa afecta sustancialmente al desarrollo de la nación; y piden se hable bien del Estado y de sus gobernantes. Pero esa recomendación nada soluciona; y aún cuando se acate, la realidad la desmiente. 

Para que los gobiernos triunfen en las batallas sociales y económicas en juego es impostergable que dejen de tratar al narcotráfico exclusivamente como un problema de seguridad y de derecho penal; que retomen, sin descuidar el combate a la delincuencia, la obligación de hacer que las autoridades y los ciudadanos respeten el orden legal; y que dirijan la economía hacia la justicia social distributiva.

En el escenario de la tragedia patria destacan la corrupción y la impunidad como las fuentes emponzoñadas de los males nacionales, para sanearlas es urgente que impere el Estado de Derecho a través de la sencilla y expedita aplicación de las leyes a los servidores públicos y a todos los ciudadanos sin distinción de partidos ni banderas sociales; y sin necesidad de estudios y leyes nuevas. 

La delincuencia ha convertido a varias regiones en estados fallidos; en tanto, las autoridades y los ciudadanos que delinquen sin castigo están desgastando lenta, pero inexorablemente, al Estado de Derecho.

Es, pues, indispensable asumir la gravedad y parar la corrosión mediante la regeneración ética de la sociedad y el imperio irrestricto de la ley.