El catastro y la seguridad jurídica

La seguridad jurídica es un derecho fundamental, comprende la protección y conservación de los derechos patrimoniales, entre los que destaca la propiedad de los inmuebles. Los principales actos inmobiliarios son la compraventa, la donación y los contratos de hipoteca.


Esos actos, por lo general, se celebran ante un notario público, por lo que las partes contratantes estiman que una vez asentados en una escritura son perfectos. Pero sólo tendrán plena validez ante terceros hasta que se inscriban en el Registro Público de la Propiedad.


En Torreón para inscribirlos debe tramitarse el avalúo catastral porque para calcular los impuestos se toma en cuenta si el valor fijado por las partes es mayor o menor al del avalúo. El Catastro para determinar los valores de los inmuebles que se van a transmitir en la mayoría de los casos ordena la inspección física de los inmuebles.


Esa diligencia legalmente puede y debe evitarse porque el ayuntamiento periódicamente emite las tablas generales de catastro, en ellas constan el valor de los terrenos y de las construcciones por metro cuadrado de conformidad con la ubicación y la calidad de los materiales.


El Catastro determina con las tablas el valor individual de los inmuebles y  el monto del Impuesto Predial. Los valores están impresos en los recibos de pago de ese impuesto. Sin embargo, en las transmisiones de propiedad que causan el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) en la mayoría de los casos ordena la inspección física.


Evidentemente lo legal, correcto y expedito sería que el ISAI se calcule con el valor del inmueble que obre en el recibo de pago del predial. De esa manera, el Ayuntamiento reduciría los trámites y costos burocráticos; pero sobre todo daría seguridad jurídica a los adquirentes de bienes inmuebles.