La burocratización del combate a la corrupción

La corrupción en los sectores público y privado es alarmante, tiene un altísimo costo y es una de las principales causas del subdesarrollo,  la desigualdad y la impunidad. El presidente Peña Nieto propuso la formación de una comisión anticorrupción, pero como se pretende transformar a la Procuraduría General de la República en una fiscalía con autonomía plena se ha considerado, con justa razón, que el fiscal anticorrupción esté integrado en ese nuevo órgano.En cambio, el PAN propone la creación de un sistema nacional anticorrupción autónomo, con participación ciudadana e integrado por las actuales dependencias  responsables de esa materia y por otros nuevos órganos; instituir un Consejo Nacional; y un Comité ciudadano responsable de la instalación de los observatorios, de presentar denuncias y proponer políticas públicas; entre otros elementos.En mi opinión, la creación de ese sistema sería un exceso porque ya existen demasiadas leyes, reglamentos y órganos encargados de esa función. De tal manera, en vez de encontrar una solución se estaría burocratizando el problema con el consiguiente aumento de los males. En efecto, burocratizar es hacer complejos y lentos los procedimientos con trámites inútiles que propician las decisiones arbitrarias, la ineficiencia y la corrupción.Constitucional y legalmente ya existe un sistema anticorrupción; la Constitución federal prevé las responsabilidades políticas, administrativas, penales y civiles de todos los servidores públicos. Los códigos penales establecen como delitos que pueden cometer en el desempeño de sus cargos: el ejercicio indebido del puesto, el abuso de autoridad, el tráfico de influencias, el cohecho, el peculado y el enriquecimiento ilegítimo.  Los órganos responsables son la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación de la Cámara de Diputados,  la Secretaría de la Función Pública; y sus equivalentes de los estados y municipios. Todos con facultades para auditar,  investigar y sancionar; así como para promover responsabilidades políticas, administrativas  y civiles; así como para presentar denuncias penales.El problema no son la falta de leyes e instituciones; el problema es la falta de respeto y aplicación de las normas. Lo que urge es la transformación ética de una buena parte de la sociedad  y una generación de gobernantes comprometidos con el cumplimiento irrestricto de las leyes. Para iniciar un combate efectivo contra la corrupción bastaría investigar a los funcionarios actuales y anteriores que son señalados por su evidente enriquecimiento ilegítimo; y fincarles responsabilidades. Pretender el cambio de las reglas del juego para que las usen los mismos jugadores es tan sólo gatopardismo.