Ley Protectora de la Dignidad del Enfermo Terminal

A pesar de la gran preocupación que existe para que se respete el derecho que todos tenemos para evitar los tratamientos médicos extraordinarios por la complejidad y el sufrimiento que provocan, las leyes existentes obstaculizan el derecho a decidir sobre la salud y la vida propias, limitando el poder de la voluntad e imponiendo trámites tortuosos e innecesarios.

En el Derecho son actos unilaterales aquellos en los que basta para realizarlos la voluntad de una persona; siguiendo esa figura, el Distrito Federal promulgó la Ley de Voluntad Anticipada en enero de 2008.  

En Coahuila se publicó el 18 de julio de 2008 la Ley Protectora de la Dignidad del Enfermo Terminal; que según su texto tiene la finalidad de evitar el ensañamiento terapéutico con enfermos terminales, por lo que permite la renuncia anticipada a tratamientos médicos extraordinarios y a la obstinación terapéutica; la renuncia debe hacerse en el Documento de Disposiciones Previsoras; pero la finalidad de la Ley es anulada por las limitaciones que la misma establece, entre las cuales destacan las siguientes:    

La Ley es de orden público e interés social por lo que su aplicación e interpretación no están al arbitrio de los particulares, quienes no pueden renunciar ni modificar las normas para adecuarlas a su voluntad; y si lo hacen el Documento será nulo.

Además, el Documento será válido sólo si las disposiciones se ajustan a la práctica médica vigente, aceptada como correcta y prudente; y se tendrán por no puestas las instrucciones médicas que sean contraindicadas para la  patología, en ese caso prevalecerá la opinión del médico.

Por otra parte, el notario deberá de enviar dos copias del Documento a la Dirección de Notarías, quien entregará una a la Secretaria de Gobierno; y una tercera copia se entregará al centro sanitario donde el autor del Documento quiera ser atendido, para que en su oportunidad pueda constatarse su voluntad.

Por último, el Documento de Disposiciones Previsoras surtirá sus efectos hasta la fecha en que al autor se le diagnostique una enfermedad terminal y no pueda gobernarse.

Las limitaciones y trámites expuestos hacen nugatorio el derecho humano de decidir sobre el tratamiento médico que se desea recibir o prohibir ante cualquier clase de enfermedad y no sólo en la fase terminal, por lo que es urgente reformar la Ley para que se establezca con claridad y sencillez el respeto a la voluntad de las personas en esta materia.