La Ley Federal contra el Lavado de Dinero

Los movimientos populares se manifiestan con marchas y plantones; si el gobierno intenta impedirlo lo acusan de criminalizar la protesta social; ante lo cual siempre cede. Sin embargo, nadie se queja de la injusta criminalización del gobierno en contra de los ciudadanos a quienes trata en las leyes como a delincuentes en potencia y los obliga a investigar y denunciar probables delitos; amenazándolos con multas y el inicio de averiguaciones penales si no hacen lo ordenado.

Un ejemplo es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ella determina que a partir de ciertos valores son actividades vulnerables, esto es, susceptibles de realizarse con recursos ilícitos, entre otras, los desarrollos inmobiliarios; la comercialización de metales preciosos, joyas, relojes, obras de arte y automóviles; los donativos a las asociaciones; el arrendamiento de inmuebles; algunos actos ante fedatarios, como compraventas de inmuebles, otorgamiento de poderes irrevocables para actos de dominio, la constitución de sociedades y los contratos de crédito.

La Ley prohíbe pagar con monedas y billetes nacionales o extranjeros las operaciones que rebasen los valores que ha determinado; a partir de los cuales ha de pagarse en cheque o transferencia bancaria. Impone a comerciantes, constructores, agentes inmobiliarios y fedatarios, las siguientes obligaciones en relación a sus clientes: I. Identificar y verificar su identidad. II. Solicitar información sobre su actividad conforme al Registro Federal de Contribuyentes. III. Pedir información sobre la existencia de terceros que se beneficien con la operación. IV. Custodiar la información. V. Identificar la forma de pago. VI. Dar aviso a la autoridad competente cuando la operación rebase los valores establecidos en la Ley.

Por último, pasando sobre la Constitución, las multas por incumplimiento son confiscatorias: la mínima es de 200 hasta 2,000 días de salario mínimo del DF, pero en la mayoría de los casos puede ser desde 10,000 hasta 65,000s mil días.

Lo expuesto, a pesar de la carga injusta de trabajo, los gastos y el riesgo de ser sancionado, sería aceptable si hubiera un combate real, general y efectivo contra el lavado de dinero; lamentablemente, leyes como la comentada se imponen a México por presiones del extranjero y no surten los efectos planteados; por el contrario ponen en riesgo el patrimonio y libertad de los ciudadanos honestos y fiscalmente cautivos y obstaculizan el desarrollo de sus comercios.