Disminución de ingresos y austeridad municipal

El desarrollo del municipio ha sido largo y azaroso, con avances y retrocesos. Durante el siglo XIX sólo existió formalmente y como aspiración social. En la Constitución de 1917 fue una de las ideas centrales, pero no dejó de ser una fórmula para la administración de los Estados; el municipio era libre pero no autónomo; y su hacienda se formaba con los recursos establecidos por los congresos estatales. En las reformas al art. 115 constitucional de Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo se consagró la autonomía, el municipio se transformó en el tercer orden de gobierno; le encomendaron la prestación de los servicios fundamentales; le otorgaron facultades para expedir sus reglamentos; y, recursos propios a través de las participaciones federales y estatales, los impuestos sobre adquisición de inmuebles y predial, y el cobro de los servicios.Con el incremento de los precios del petróleo y la distribución federal de esos ingresos, los municipios recibieron más dinero que en toda su historia. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, al igual que en la federación y los estados, los ingresos sirvieron para aumentar la burocracia, sueldos, gastos suntuarios improductivos; y para contraer enormes deudas. Ahora, ante la drástica caída de los precios del petróleo es hora de ajustar la economía municipal; y no recortando el personal de base sino mediante una profunda reforma del gobierno municipal.Los ayuntamientos están compuestos por un presidente, regidores y síndicos; y personal de apoyo; y tienen para la administración direcciones, organismos desconcentrados y descentralizados, comités y consejos ciudadanos todos con personal administrativo y operativo. Esa carga económica es exagerada e insostenible; para remediarla sería conveniente que los regidores y síndicos fueran a la vez titulares de las direcciones administrativas, por ejemplo: el primer regidor, secretario del ayuntamiento, el síndico de mayoría, contralor; etc. Así las planillas para elegir al cabildo se integrarían con profesionistas aptos para ser regidores y síndicos; y, a la vez idóneos para ser directores. Los electos en las sesiones del ayuntamiento votarían con pleno conocimiento y responsabilidad, puesto que cada uno tendría que ejecutar en su dirección  lo acordado en el cabildo. Por otra parte, es indispensable reducir el número de las direcciones generales para que las funciones afines se compacten en una sola y evitar la duplicidad. Es tiempo que los gobiernos enfrenten las crisis económicas con una política verdadera de austeridad, eficiencia y honradez.