Itinerario político

Tlatlaya: rapiña y perversión de los derechos humanos

El caso Tlatlaya no requiere más explicación. En 2014 un grupo de militares acudió a una bodega en Tlatlaya, donde según reportes ciudadanos se ocultaban integrantes de un grupo criminal.

Los militares fueron recibidos a balazos. Respondieron el fuego y mataron a la banda criminal. Un militar resultó herido. Luego, membretes de ONGs orquestaron un montaje mediático para acusar a los militares de torturar y ejecutar a los criminales.

Se valieron de conocido circuito de periodistas, intelectuales y académicos que, reiteradamente, emplean idéntico modus operandi; adoctrinar a criminales para inventar tortura y violencia de parte de policías, marinos y militares para —con ello— lograr liberar criminales y obtener dinero público mediante la reparación del daño; dinero que reparten con las ONG.

Rapiña y perversión emparentado con el crimen organizado, solo que vestido con ropajes de derechos humanos.

En el caso Tlatlaya el Centro ProDH —de Emilio Álvarez Icaza— se encargó de inventar la supuesta ejecución de militares contra criminales y, en complicidad con la CNDH, solicitó millones para familias de los criminales.

Así, el 21 de octubre de 2014, la CNDH emitió la recomendación 51/2014, dirigida a Sedena, PGR y gobierno mexiquense, en la que asegura que se violaron derechos humanos en agravio de 25 víctimas directas, (22 criminales fallecidos y 3 sobrevivientes) del enfrentamiento del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya.

Las dependencias debían reparar el daño ocasionado a víctimas indirectas; hijos en edad escolar, padres y cónyuge de los criminales. Dinero que, por ejemplo, nunca recibe la familia de un militar, marino o policía asesinado por criminales.

A su vez, en mayo de 2015, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del gobierno federal (CEAV) inició las acciones de reparación integral a las personas afectadas en el caso Tlatlaya y estableció que el monto a pagar a las familias de los criminales abatidos era de 50 millones de pesos. Es decir, el dinero público es utilizado como pago a las familias de los criminales; nunca a las víctimas de los propios criminales.

Jaime Rochín, presidente de la CEAV —quien suplica para seguir en la rentable Comisión Ejecutiva—, declaró en mayo de 2015 que 13 familias recibirían la reparación integral del daño.

En tanto, la PGJEM pagó una reparación del daño a tres mujeres sobrevivientes, calculada en 50 millones de pesos. Las mujeres eran parte de la banca criminal y fueron adoctrinadas por el Centro ProDH para avalar el engaño —lo cual nunca lograron—, y sus contradicciones llevaron a dos jueces civiles a rechazar la versión de la tortura a los criminales y la ejecución por parte de los militares.

Las familias de los criminales abatidos recibirían 100 millones de pesos de dinero público y 50 por ciento —50 millones de pesos—, se quedarían en manos del Centro ProDH. El negocio de los derechos humanos.

Hoy jueces federales declararon inocentes a los militares. ¿Por qué la CNDH y la CEAV aceleraron el pago a familias de criminales antes de conocer si existió o no culpa de los militares?

El tamaño del negocio, la rapiña y la perversión de los derechos humanos.

¿Será que, el de los derechos humanos es un negocio igual al del crimen organizado? ¿Existe diferencia entre los negocios criminales y los negocios de la CNDH, la CDHDF y las ONG?

¿Por qué ninguno santón del periodismo, del intelecto y la academia habla del mal humor social que producen esos delincuentes de "cuello humano"? Farsa y farsantes.

Al tiempo.