Opinión

¿Estado fallido o política de Estado?

Después de meses enfrascados en las aprobaciones de las reformas que el Ejecutivo federal menciona como detonantes para el desarrollo del país, nuevamente la atención de la sociedad y los medios de comunicación se centran en el tema de la seguridad pública que ha seguido evolucionando negativamente para los ciudadanos en todos los niveles socioeconómicos y desde el nivel municipal hasta abarcar el total del territorio nacional.
El tema de la inseguridad fue el signo distintivo del sexenio de Felipe Calderón y su peor herencia a la administración priista. Es cierto que dejó de estar en las primeras planas y principales noticias de radio y televisión sus efectos devastadores de la vida social se siguen sintiendo en el día a día y sin duda sigue siendo el talón de Aquiles del gobierno federal.
El primer año de Peña Nieto ha contabilizado de acuerdo al rotativo Z, más de 17 mil muertes por homicidio doloso y de continuar esta tendencia las cifras durante el sexenio serán aterradoras. La política de seguridad pública en la que el gobierno federal asumió la responsabilidad de dar resultados en el primer año de ejercicio se ha visto superada por la realidad, a esto se suma el encarecimiento de la canasta básica y de los servicios que particulares y el Estado presta a la sociedad y la aplicación de las leyes fiscales vía mayores impuestos.
El principal papel del Estado es el de salvaguardar la vida y propiedad privada de los habitantes en el territorio nacional, el párrafo noveno del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las  respectivas competencias que esta Constitución señala.”
Mientras lo que vemos proliferar en algunos estados son grupos de civiles armados para salvaguardar sus vidas y sus bienes del crimen organizado a través de guardias comunitarias, quienes vigilan entradas y salidas de sus pueblos con el interés de mantener el orden y la paz que el Ejército, las policías Federal, Estatal y Municipal no les garantizan en sus comunidades.
Ante la falla del Estado y que los ciudadanos hagan justicia por propia mano, la gente se pregunta ¿para qué seguir pagando impuestos? ¿De qué sirve pagar más si los presupuestos millonarios en seguridad pública no se reflejan en mejores resultados? ¿Cuánto faltará para que estas guardias comunitarias comiencen a enjuiciar a presuntos criminales aplicando la ley del talión? y ¿cuándo el gobierno hará valer el estado de derecho en beneficio de todos los mexicanos? Ese es el rumbo que están tomando las cosas en materia de seguridad en nuestro país.