Opinión

Y después del Chapo, ¿qué?

El pasado fin de semana se dio un duro golpe a la delincuencia organizada con la aprehensión del traficante más buscado tanto por México como Estados Unidos. La caída de Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo”, marca el primer triunfo para la administración federal en materia de narcotráfico ya que habían pasado 13 años desde su fuga y en los dos sexenios anteriores no pudieron  o no quisieron re-aprehenderlo.

Sin embargo; por el hecho de detener a las cabezas de las organizaciones criminales no se terminará con el tráfico de estupefacientes y menos aun con sus daños colaterales, como la violencia entre cárteles, el consumo que se genera e incrementa entre los jóvenes y los escasos recursos que emplea el Estado para la atención y prevención de las adicciones.

La captura del “Chapo” coincidentemente se dio pocos días después de la Cumbre de Toluca donde los tres mandatarios de América del Norte intercambiaron posturas sobre el Tratado de Libre Comercio (TLCAN). Seguramente uno de los principales puntos de la agenda sino es que el más importante fue el referente al combate al narcotráfico. Hay que reconocer que este tema es un asunto de seguridad nacional tanto para Estados Unidos y Canadá como se ha vuelto para el gobierno mexicano. La política estadounidense en esta materia se ha caracterizado por mantener bajo control el mercado de estupefacientes en ese país cuya capacidad de compra y alto consumo de drogas lo convierten en un atractivo negocio para las mafias de traficantes, lo que obliga al gobierno de EEUU a intervenir en los países que producen y trafican como es el caso de Colombia y México. La DEA es en ese sentido la encargada de aplicar la política antidroga en el territorio norteamericano y en otros países incluidos los europeos y asiáticos.

El combate al narcotráfico es distinto en cada país. Por ejemplo, el año pasado se realizó un plebiscito en EEUU sobre la legalización de la marihuana, no sólo para su uso medicinal sino también recreativo, y con ello la venta al público en porciones menores. En México una acción de este tipo parece impensable en la época actual por las condiciones políticas, sociales y económicas en las que se encuentra el país.

En México, la captura de jefes de cárteles no es suficiente para contener el problema, pues los delincuentes aún encarcelados continúan con sus actividades delictivas, a las que se suma el secuestro virtual, desde el interior de los propios centros de readaptación social. La corrupción en los sistemas carcelario y de justicia es el principal obstáculo para garantizar por parte del estado mexicano una eficiente lucha contra la delincuencia organizada.