Opinión

Salvemos a México

El problema de la violencia en el estado de Michoacán se encuentra lejos de terminar, el llamado de auxilio por parte de los ciudadanos que tuvieron que armarse no sólo de valor sino con AK-47's, tuvo el efecto deseado, la inclusión del tema Michoacán en la agenda nacional. Esto obligó al gobierno federal a instrumentar diversos programas para tratar de recomponer el tejido social, sobre todo el apoyo con acciones para la producción agrícola y una especie de institucionalización de las autodefensas michoacanas.

Una vez que la federación tuvo que intervenir para lograr que el pacto social recobrara su sentido, asegurando la vida y la propiedad privada de los habitantes de un estado; sin embargo, lesionó la soberanía estatal sin que nadie lo señalara y fue así que se justificó la necesaria intervención del ejército y la policía federal, pues Michoacán vive en un estado de excepción.

Hoy el problema no se ha aminorado, continúan las autodefensas patrullando sus municipios, el registro de armas no llega ni a la mitad a decir de los propios líderes, los capos de los grupos criminales continúan libres, las fuerzas armadas sólo están a la expectativa, las autoridades federales tratan con todos los recursos políticos, sociales y económicos de recomponer un estado que estuvo a punto de perder sus poderes y con un gobierno local que en los últimos meses se hizo notar por su ausencia.

Con este panorama llegó a su segundo informe de gobierno el titular del ejecutivo local, Fausto Vallejo, quien hace dos años contaba con el respaldo social suficiente para emprender un cambio a favor de la sociedad michoacana, lo que no pudo lograr. Ya sea por sus los largos periodos de ausencia debido a situaciones de salud o porque en verdad no pudo con el encargo de los michoacanos.

Hace algunos meses se hablaba de la desaparición de poderes en Michoacán a petición del PAN y el PRD quienes solicitaban la intervención del Senado de la República en ese sentido y con ello lograr el nombramiento de un gobernador provisional que se encargara de la administración del estado, lo cual no hubiera servido de nada dado el nivel de descomposición política y social que vive esta entidad desde hace varios años y que ni los gobiernos perredistas anteriores, ni el gobierno de Felipe Calderón pudieron atender y resolver.

Aunque esta declaratoria de desaparición de poderes por el Senado, nunca se llevó a cabo de manera formal; sin embargo, si se hizo de facto, al nombrarse a un comisionado como enlace del gobierno federal, cuya principal función es la de coordinar todas las estrategias diseñadas para enfrentar a la delincuencia organizada en Michoacán asumiendo el mando de la policía federal, el estado y los municipios. Esto sin tener las facultades legales necesarias para poder actuar como mando único. El Estado de excepción en Michoacán se impuso sobre el Estado de derecho.

Las estrategias instrumentadas en el sexenio de Felipe Calderón fueron fallidas, ir a la caza de los grandes capos declarándole la guerra al narco y las medidas contra el lavado de dinero, las cuales se dieron sin la participación de gobiernos locales ni apoyadas en programas sociales por lo cual fueron fuertemente criticadas, y lo que sucede en Michoacán es la muestra más grave de ello. La estrategia del gobierno de Peña Nieto parece estar haciendo lo mismo que el gobierno de Calderón sólo que con alguien visiblemente responsable de lo que pueda o no pueda pasar en Michoacán y en espera de que los programas sociales de su administración, como la cruzada contra el hambre y otros millonarios apoyos federales surtan sus efectos.

Dos estrategias, un mismo fin, la paz social en uno de los estados más golpeados por el crimen organizado; sin embargo, Michoacán no es la excepción, el norte del país lleva años en la misma situación, a lo que se suma la pobreza en el sur de México y la falta de crecimiento de la economía nacional además de la pérdida del poder adquisitivo de las familias, lo que se ve reflejado en los raquíticos incrementos al salario mínimo. Esperamos que las políticas gubernamentales atiendan a los diversos sectores y regiones del país y no se enfoquen sólo en el problema de la seguridad o se focalicen en un solo estado, como sucede con Michoacán. Para esto es necesario que se diseñen políticas públicas que atiendan el desarrollo integral de la nación. Sólo así estaremos salvando a México.