Opinión

México SA de CV

La instauración del neoliberalismo en nuestro país comenzó en 1982 con el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, quien fuera el primer presidente que instrumentó medidas para aminorar la participación del Estado en las decisiones económicas y favorecer una economía de mercado a través de la firma del acuerdo general de aranceles “GATT”. En el sexenio de Salinas de Gortari la privatización de empresas paraestatales, como Teléfonos de México, Ferrocarriles, la Banca y la Televisión nacionales, así como la reforma al Artículo 27 constitucional  fueron el preámbulo para la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLC).
Después de dos administraciones panistas tuvo que ser un gobierno priista el que nuevamente aliado al PAN abriera el sector energético al capital privado nacional y extranjero, para perforar, extraer, transportar y comercializar el petróleo y gas natural, por lo menos así lo decía el primer dictamen enviado por Peña Nieto al Poder Legislativo y en donde el PAN aprovechó para incluir al sector minero.
La sesión en el Senado de la República se convirtió en un monólogo por parte de los senadores de la izquierda PRD, PT y MC, ya que sus homólogos del PRI, PAN, PVEM y NA hacían “oídos sordos” por táctica legislativa como la llamó el presidente de la Comisión de Energía, el senador Penchyna.
Incluso el senador Manuel Bartlett presentó documentos provenientes del Senado de los Estados Unidos que evidenciaban el interés del gobierno norteamericano sobre la renta petrolera. Llamó la atención el voto en contra del dictamen de los senadores panistas Corral de Chihuahua y Ruffo de Baja California.
Una vez aprobado, el dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados quienes presurosos pasaron por alto el Reglamento el cual precisa que debió haber sido analizado en Comisiones, y en una sola sesión votaron a favor los integrantes del PRI, PAN, PVEM y NA. También con algunas voces que se manifestaron en contra como el caso de los diputados panistas Verónica Sada de Nuevo León, Patricia Lugo de Colima, Eufrosina Cruz de Oaxaca y Alfredo Zamora de Baja California Sur.
Las voces en contra de la Reforma Energética no sólo son por parte de la izquierda, también la sociedad civil se ha hecho presente, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, calificó la reforma como “asquerosa”.
El mandato popular expresado en las urnas debe ser tomado en cuenta, no es ético que una vez llegados al poder, los partidos políticos hagan a un lado sus plataformas electorales y se legisle por consigna del poder presidencial y no por mandato ciudadano.
Ahora la lucha se concentrará en poder aprobar la Ley de Consulta Ciudadana que ya se encuentra en el Senado de República y se haga escuchar la voz de la sociedad que no está a favor de la reforma energética.