Opinión

Desaparición forzada: el nuevo reto del Estado Mexicano

A partir de los desafortunados eventos en Iguala en septiembre del año pasado con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la desaparición de personas se volvió un tema de la agenda nacional. Esto se debe en gran medida a la presión social que ha generado la movilización de cientos de miles de personas para crear consciencia sobre esta problemática social.

La desaparición de personas tiene que ver con, personas extraviadas, secuestradas, desaparecidas por trata de personas, migrantes, asesinadas por el crimen organizado y también aquellos eventos donde algún elemento de cualquier nivel de gobierno participa, esto es a lo que se conoce como desaparición forzada. 

La Organización de Naciones Unidas ha emitido recomendaciones al gobierno de Enrique Peña, al concluir que existe, “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte” de México, “muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”

Amnistía Internacional exigió al gobierno federal “un cambio tangible y urgente en la legislación para hacer frente a esta situación política”. “Más de 22 mil 600 personas han desaparecido en México en los últimos ocho años, mientras miles de personas esperan noticias en angustia, confusión e inseguridad sobre lo que ha ocurrido a sus seres queridos. Las recomendaciones al gobierno mexicano no pueden ser sólo palabras sin fundamento” 

Human Rights Watch en su informe http://bit.ly/1sfug9u documenta casi 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón, que ocupó la presidencia entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012. En 149 de esos casos, Human Rights Watch encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas, en las cuales tuvieron participación agentes estatales. 

Durante los primeros 22 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto desaparecieron o se extraviaron 9 mil 384 personas, lo que equivale a 40% de los 23 mil 272 casos de desaparición oficialmente registrados entre enero de 2007 y octubre de 2014. Es decir, cuatro de cada 10 desapariciones en los últimos siete años ocurrieron durante los dos primeros de la actual administración. 

Si entre 2007 y 2012, en el sexenio de Felipe Calderón, desaparecieron seis mexicanos al día; entre 2013 y 2014, en el de Peña Nieto, desaparecieron más del doble: 13 al día. Con Calderón se extraviaba o desaparecía un mexicano cada cuatro horas con cinco minutos; con Peña Nieto ello ocurre cada hora con 52 minutos. Son los datos que proporciona Homero Campa en la revista Proceso. 

La proyección de las cifras no son nada alentadoras. Lo único que justifica esta estadística es que actualmente se reconoce el problema y existe mayor atención y demandas de los organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros al gobierno federal, aunado a la movilización social en todo el territorio nacional. 

El problema no disminuirá sólo tratando de aminorarlo en los discursos o en las noticias o peor aún, criminalizando la protesta social o con acciones punitivas más severas a los delitos. El gobierno de la república, considerando a los tres poderes de la unión, deben atender las recomendaciones de los organismos internacionales para construir una política de Estado que dé tranquilidad a la sociedad mexicana.