Entre septiembre negro y octubre trágico

A Chema Pulido, con afecto y cariño.

 

El problema crónico de la seguridad se ha agudizado en todo el país. Los datos crudos apuntan en esa dirección. No se trata sólo de un asunto de percepción como suelen argumentar los funcionarios cuando son cuestionados al respecto con datos de encuestas en mano. ¡No! La escasa información oficial sobre seguridad pública consigna datos objetivos al respecto.

Septiembre ha sido el mes con el mayor número de homicidios dolosos a nivel nacional, con mil 974 muertes provocadas, desde mayo de 2012. También ha sido el mes con el mayor número de robos con violencia (14 mil 944) y robos en carretera (259) desde octubre de 2014 y marzo de 2012, respectivamente. Este último tipo de ilícitos tiene tal importancia, que el sector empresarial manifestó su consternación al Secretario de Gobernación la semana pasada durante una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial; los empresarios se dijeron muy preocupados por la tendencia creciente de los robos que afectan de forma considerable al transporte de mercancías de alto valor.

Los números ponen en entredicho las acciones en seguridad. La prensa internacional dedica editoriales y reportajes a la crisis de seguridad en el país. Pero en los ámbitos federal y estatal parecen no darse por enterados y continúan haciendo las mismas cosas esperando resultados diferentes.

Uno de cada tres mexicanos ha sido víctima de la delincuencia. El cúmulo de homicidios en lo que va del año es el mayor desde 2012, con 26 mil 300 casos. Y casi el 60 por ciento de los delitos se cometen en la casa, en el trabajo o en el entorno inmediato y más íntimo de las personas. Nadie está seguro en ningún lugar.

José Woldenberg señalaba hace poco: “La violencia se ha convertido en un halo que acompaña la existencia. La (violencia) que suscitó la ‘guerra contra el narco’ hace tiempo que rompió el cerco y no sólo impacta a las bandas delincuenciales… sino que parece trasminarse por la sociedad, hasta volverse cotidiano lo que en otros tiempos hubiese sido inadmisible e incluso impensable”.

El asesinato de un juez federal (casi lo vimos en vivo y en directo) que había llevado diversos expedientes relacionados con narcotraficantes. El asesinato por encargo del cineasta José Serment y de su esposa por parte de su propio hijo para cobrar el seguro de vida, el asesinato de un maestro universitario por parte de uno de sus alumnos para robarle un préstamo hipotecario, la muerte sinsentido de Alí Saras, joven de 17 años, que intentó defender a su familia de un asalto, los levantones y asesinatos de jovencitas en diversas partes del país… y la lista puede, lamentablemente, continuar.

Y lo que brilla por su ausencia, es la capacidad gubernamental para articular una respuesta racional, efectiva y sistemática. Con la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y el traslado de sus responsabilidades a la Secretaría de Gobernación se esperaba un perfil más inteligente y estratégico y menos operativo y de uso de la fuerza en el manejo de la seguridad en el país; se auguraba una efectiva coordinación de esfuerzos entre los distintos órdenes y niveles de gobierno fruto de una política articulada y consensuada; y se aspiraba, a que de una vez por todas, se lograra la profesionalización y el saneamiento de las corporaciones policiales porque se daría orden y disciplina desde un mando político y no sólo policial. Nada de esto ha ocurrido.

Los gobiernos estatales y municipales solapan corporaciones policiales poco confiables, atravesadas por la corrupción, con gran proclividad por violentar los derechos humanos y, en no pocos casos, coludidas con las bandas delictivas. El aparato de justicia tal parece funcionar para fomentar la impunidad y desproteger (y en ocasiones agredir) a las víctimas; su transición hacia un nuevo modelo no termina de ocurrir y la delincuencia aprovecha el desbarajuste para escabullirse (como es el anecdótico caso de un joven en Tlajomulco que es capturado uno y otra vez por la policía preventiva y puesto a disposición de la autoridad judicial que a las pocas horas lo libera; es tal la desesperación de su propia abuela, que pide se lo lleven y no lo dejen salir más). Y el sistema penitenciario lejos de cumplir con su cometido ha servido por décadas como una red de centros de operación y de reclutamiento para la delincuencia organizada.

No es extraño por tanto que de acuerdo con información del INEGI publicada recientemente, el 65.1 por ciento de la población se sienta insegura en su municipio y el 72.4 por ciento se sienta insegura en su entidad. Las razones para esta sensación de vulnerabilidad e indefensión sobran. Hace unos días, la organización internacional sin fines de lucro World Justice Project (WJP) publicó su indicador que califica la situación del Estado de Derecho en más de un centenar de países. WJP señala que: “…el Estado de derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza… (y) protege a las personas de injusticias grandes y pequeñas. Es la base para las comunidades de la paz, oportunidad y equidad, que sustenta el desarrollo, un gobierno responsable y el respeto de los derechos fundamentales”. Dicho indicador conocido como Rule of Law Index, va de cero a uno y evalúa ocho factores básicos: límites a los poderes gubernamentales, ausencia de corrupción, gobierno abierto y transparente, derechos fundamentales, orden y seguridad, aplicación de las leyes, justicia civil y justicia penal.

México se ubica en el lugar 88 de 113 con 0.46 de calificación. Dinamarca es el país mejor evaluado con una calificación de 0.89. El peor es Venezuela con 0.28. Nuestro país comparado con países del mismo nivel económico, se coloca en el lugar 32 de 37. Y en el contexto de América Latina en la posición 24 de 30.

Y todo parece indicar que las cosas empeorarán. A un septiembre negro plagado de inseguridad… le ha seguido un octubre trágico con las evidencias de un moribundo Estado de Derecho en México.

P.D. Mientras tanto en Jalisco, las campañas arrancaron hace tiempo. El episodio más reciente: Caro contra Vega. Audios y antecedentes penales filtrados llevaron a la petición de licencia del segundo. La respuesta ha sido el reiterado cuestionamiento de si el primero pasó o no los exámenes de confianza. ¡Detengan las hostilidades! ¡Pónganse a gobernar! El interés superior del estado lo reclama.

@VargasLopezRaul