La callada reforma laboral

Como suele ocurrir en nuestro país y en nuestro estado, un asunto debe convertirse en tragedia o emergencia de proporciones preocupantes y acaparar los titulares de los medios de comunicación para que el gobierno voltee a ver aquello que durante años y meses prefirió ignorar (a conveniencia) y que dejo crecer y enredarse.

A la consabida actitud negligente gubernamental se suma la soberbia de gobernadores, presidentes y sus asesores que pretenden que todo se resuelve si hacen un par de declaraciones acerca de sus buenas intenciones, lanzan una iniciativa con una alta dosis de improvisación y se atrincheran tras una tediosa serie de negaciones frente a las evidencias de su fracaso e ineptitud.

Esta es la historia de Jalisco y el país durante los gobiernos del PRI y del PAN en los últimos 22 años. Así que no debe extrañarnos que aún no podemos echar a andar correctamente el Nuevo Sistema de Justica Penal Acusatorio y ya se nos viene encima otra reforma que involucra al Poder Judicial, esta vez en materia de trabajo; me refiero, por supuesto, a la reforma laboral sobre cuyo alcance y consecuencias muy pero muy pocos han reparado y actuado en consecuencia.

¿Sabrán los sindicatos que las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje van a desaparecer y que en su lugar los diferendos laborales serán resueltos por jueces del Poder Judicial, con todo lo que esto conlleva? Es decir, una sobrecarga de trabajo para los jueces de por sí rebasados por la cantidad de casos judiciales que deben resolver y para los cuáles no se dan abasto; lo que a su vez se traducirá en mayores dilaciones para la resolución de los litigios por la congestión que fácilmente puede anticiparse; tan sólo a finales del año pasado, en Jalisco, la cuenta de litigios laborales pendientes de resolución alcanzaba una cifra cercana a los 90 mil.

Frente a esta inmovilidad que se avecina en materia de justicia laboral resulta inexplicable otra inmovilidad, la de los sindicatos. En otras épocas la fuerza organizada de los trabajadores hubiera articulado un  movimiento de protesta y resistencia a escala nacional para evitar la aprobación e implantación de esta contrarreforma que representa uno más de los escandalosos retrocesos históricos promovidos por los desfasados burócratas neoliberales de corte salinista.

Aún falta el garlito de que las legislaturas locales dicten los términos de la transición, incluidos tiempos y modalidades, y que los poderes ejecutivos estatales destinen recursos y acaten las disposiciones administrativas para el cumplimiento del mandato legislativo, pero en virtud de la experiencia que ha dejado la implantación de la reforma electoral federal, con Institutos Electorales Estatales deformes y disminuidos, o la reforma judicial que trajo los llamados “juicios orales”, y que tiene a varios gobernadores (incluido el de Jalisco) pidiendo dar marcha atrás a la reforma luego de que no hicieron su tarea en materia de formación policial y capacitación de Ministerios Públicos para actualizar y profesionalizar toda la trama de procuración de justicia, puede anticiparse que un nuevo desastre judicial y laboral se avecina.

En Jalisco, como diría el clásico: “todavía no salimos de una mala y ya nos metimos en otra peor”. Si algo ha dejado claro la actual administración estatal es que posee escasas capacidades para resolver los problemas que enfrenta la entidad y en cambio tiene una marcada proclividad para crear problemas ahí donde antes no los había. Si esto que digo pareciera una exageración, revisemos lo que ha pasado con la mudanza de la actual Junta de Conciliación y Arbitraje a sus nuevas instalaciones a espaldas del Parque Agua Azul. Se trata de una obra cuyo costo inicial proyectado era de 60 millones de pesos y que por razones que no se han explicado cabalmente terminó con un sobrecosto de 40%; por si esto fuera poco, alguien tuvo la genial idea de que las nuevas instalaciones contaran con un techo con amplias secciones traslucidas para ahorrar en el pago de energía eléctrica; pero la idea genial terminó por convertirse en una complicación para los cientos de empleados, quienes deben aplicarse protector solar y utilizar sombrillas y sombreros mientras trabajan, a fin de protegerse de la intensa “resolana” en estos días de verano. Esto no era un problema antes pero el gobierno lo creo.

En los últimos años, hemos sido testigos de cómo la corrupción de los gobernadores (en su mayoría priistas) y la política re-centralizadora del gobierno federal (también priista) han dado al traste con el incipiente federalismo mexicano; por ello las reformas a los artículos 107 y 123 constitucionales despiertan suspicacias y desconfianza ya que coinciden con esta actitud centrista del actual gobierno federal; máxime cuando se propone la creación de un nuevo órgano descentralizado de la Administración Pública Federal encargado de atender el registro de los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales.

Sin embargo, prestigiados abogados laboralistas han escrito una serie de artículos que abren un paréntesis para señalar que puede resultar benéfico sacar los contratos colectivos de trabajo de la esfera de influencia y control del Poder Ejecutivo quien tradicionalmente ha estado del lado patronal y no del lado de los trabajadores. Y que proponer que las Juntas sean sustituidas por tribunales laborales, “representa el primer paso para modificar una situación en donde el control (y uso) político de los sindicatos, la protección de ciertas empresas o despachos, y la ausencia de independencia de los juzgadores laborales ha sido la norma”.

Está claro que la manera en como la reforma laboral se instrumente en cada estado dará el tono de los resultados futuros. Aquí en Jalisco ya comenzamos mal, por lo pronto, el grupo de trabajo convocado para analizar la reforma laboral y proponer la mejor vía de instrumentación, no cuenta con participación de los trabajadores a través de la representación sindical y está en manos de quienes han mostrado pericia para hacer caros invernaderos y cajas de bronceado pero nula capacidad para instrumentar y sacar adelante las reformas legales o para conducir las instituciones públicas.

@VargasLopezRaul