Servicios médicos basados en el valor. ¿Una solución?

Con cariño al Dr. Alfonso Partida Labra

 

La Unidad de Inteligencia del diario The Economist realizó por encargo de la empresa irlandesa de tecnología médica Medtronic un estudio multinacional denominado “Servicios médicos basados en el valor: una evaluación global”. En el estudio se valoran las condiciones de los sistemas públicos de salud de 25 países para que adopten una nueva metodología de asignación de recursos presupuestales basada en los resultados de los servicios médicos prestados a los pacientes.

Se evalúa el nivel de preparación de las instituciones públicas de salud para dejar atrás los esquemas actuales de asignación presupuestal a partir del volumen de los servicios prestados y pasar a una nueva modalidad de asignación presupuestal basada en la calidad de los resultados de la atención médica ofrecida a los pacientes.

En dicha evaluación, como era de esperarse, nuestro país salió muy mal parado. Nos encontramos entre las naciones que menos recursos invierten en materia de salud, que mayores indicadores de rezago y desigualdad en la atención médica presentan y que carecen de políticas públicas centradas en la mejora de la calidad de los servicios públicos de salud.

El primer dato que salta a la vista es la accesibilidad efectiva. Mientras que el discurso oficial afirma que México ofrece servicios médicos universales a toda su población a través del Seguro Popular, la realidad es que un alto porcentaje de la población, entre el 20% y 35%, no cuenta con accesibilidad real a los servicios sanitarios, por el simple hecho de que dichos servicios no se encuentran en la cercanía del lugar en el que habitan, o porque los padecimientos que les afectan no son atendidos en el esquema de cobertura al que tienen acceso, o porque la atención especializada que requieren no está disponible o porque las recetas médicas no se surten adecuadamente.

En el Seguro Popular no se cubren los infartos cardíacos en los mayores de 60 años, los accidentes cerebrovasculares, la diálisis después de la insuficiencia renal, la esclerosis múltiple y el cáncer de pulmón. Los servicios especializados a los cuáles los pacientes tienen oportunidad de acudir son limitados, mientras que por cada mil afiliados el número de consultas ambulatorias especializadas es de 319, en el IMSS y en el ISSSTE se tienen 338 y 620 por cada mil afiliados, respectivamente. Y las recetas médicas prescritas no se surten por completo debido a la falta de inventario en un 33% de los pacientes atendidos.

En México la inversión en servicios médicos es de apenas un 6.2% del PIB, el promedio en los países miembros de la OCDE es del 8.9%. Los pocos recursos destinados a salud se ven aún más disminuidos en términos reales porque un alto porcentaje se dedica a gastos administrativos (algunas estimaciones indican que por cada peso destinado a salud sólo 40 centavos se invierten en infraestructura e insumos para la atención de los pacientes). La OCDE señala que nuestro país destina a gastos administrativos en el sector salud más del doble del promedio de lo que gastan en este rubro los demás países miembros. Hace unos días, un diario de circulación nacional, señalaba que del total del gasto en sueldos de todo el sector salud, 60 por ciento se iba al área administrativa y únicamente el 40 por ciento correspondía a personal médico. Y por si esto fuera poco, existe evidencia de que los escasos recursos destinados a la salud no se están usando adecuadamente; se han documentado desvíos de dinero en los estados de Michoacán, Guerrero y Veracruz por 8 mil 675 millones de pesos.

También se resalta la poca disponibilidad de recursos humanos y su pésima distribución. Se dice que por cada mil habitantes en el país existen apenas 2.2 médicos y 2.6 enfermeras disponibles y éstos se encuentran brutalmente concentrados en las ciudades; en cambio, en los demás países de la OCDE el promedio es de 3.3 y 9.1, respectivamente y su distribución es más equilibrada. Se mencionan los importantes rezagos en cuanto al uso de la tecnología médica y la falta de capacidad del gobierno para atender las enfermedades crónicas degenerativas. Por ejemplo, los implantes de marcapasos en nuestro país presentan una tasa de 2 por cada millón de habitantes, mientras que en países como Colombia es de 20, en Argentina 40 y en los Estados Unidos 300. Y la Federación Internacional de Diabetes pone a México en el sexto lugar con mayor índice de personas enfermas después de China, India, Estados Unidos, Brasil y Rusia, sin embargo, no contamos con una estrategia gubernamental y un programa nacional para tratar dicha enfermedad.

Así califican los organismos de cooperación internacional la efectividad para hacer valer en México uno de los derechos fundamentales: el derecho a la salud. Lo inquietante no es el hecho de que la objetividad requerida para modificar el estado de cosas en materia de salud en México, nos tenga que llegar de fuera, sino que esta aparente objetividad viene emparejada con un esquema de solución que conlleva una mayor mercantilización de la atención médica. Bajo la idea de optimización del uso de los recursos y el manejo eficiente de la inversión, subyace una definición difusa de valor que puede prestarse a cualquier cantidad de interpretaciones o definiciones, muchas de las cuáles no son necesariamente en beneficio de las personas.

¿Quién y bajo qué criterios define el tipo de servicios que dan valor a la atención médica? ¿Dónde está la frontera entre valor y rentabilidad económica? ¿Dónde queda el criterio y experiencia del médico para tomar decisiones en el momento? ¿Esto valida los esquemas vigentes en varias de las empresas farmacéuticas que no destinan recursos a la investigación para el desarrollo de tratamientos de las enfermedades que afectan a los países pobres porque este tipo de trabajo no aporta valor? Y finalmente, ¿Quién definirá el perfil que se requiere entre los directivos del sector salud para poder hablar de valor en todo el proceso de atención médica? Porque está claro que con funcionarios como el secretario de salud de Jalisco no se puede llegar muy lejos. Funcionarios que desconocen la labor y naturaleza de las instituciones que le dan soporte al sistema público de salud y que ignoran por completo como es el proceso de atención de un paciente poco o nada pueden aportar a mejorar el estado de cosas prevalecientes.

@VargasLopezRaul