Articulista invitado

Sistema anticorrupción; el camino inicia

El SNA fue pensado como una serie de procesos e instrumentos institucionales que permitirán abatir el problema y lograr que el servicio público se desarrolle con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

La corrupción es un problema grave, pero que puede ser abatido,
siempre que cada quien aporte la parte que le corresponde.

El 29 de septiembre de este año, el Senado convocó a organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior y de investigación para que propusieran a aquellas personas que habrán de integrar la comisión que estará encargada de seleccionar al comité ciudadano que encabezará el Sistema Nacional Anticorrupción. Con ello, se inicia el camino de un sistema que fue diseñado entre ciudadanos y autoridades con un propósito común: abatir con eficacia la corrupción del país en todos sus niveles.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad (Los mexicanos vistos por sí mismos. 2015), la corrupción es considerada como el segundo de los problemas principales que enfrenta nuestro país, siendo el primero la inseguridad y el tercero el narcotráfico. Adicional a ello, los datos que arroja dicha encuesta indican que la mayor parte de la población piensa que en los siguientes cinco años el problema de la corrupción se mantendrá igual (21.2%) o, bien, que aumentará (64.7%). En cuanto la posibilidad para terminar con dicho problema, la mayoría de los mexicanos considera que es difícil (23.8%), o de plano, "muy difícil" (57.6%), siendo la población más joven del país, es decir, la que se ubica por debajo de los 34 años de edad, la que mayor pesimismo muestra sobre la dificultad de solucionar el problema.

En efecto, la idea que los mexicanos tenemos sobre la corrupción está basada en tres presupuestos: es un problema grave, cada día será más grave, y es de difícil o muy difícil solución. Si a lo anterior agregamos que, en general, los mexicanos prefieren sostener que son las "autoridades" las que extorsionan, sin ver a la parte que "soborna", y que el gobierno es el principal o el único responsable de acabar con la corrupción (al menos 86.9% de los participantes en la encuesta así lo piensa), tenemos un ambiente perfecto para fomentar nuestras expectativas sobre el tema y, lo que es peor, para ver cumplida la profecía de que la corrupción jamás terminará.

El sistema anticorrupción fue pensado como una serie de procesos e instrumentos institucionales que, en su conjunto, permitirán abatir la corrupción en sus diversas expresiones, y lograr que el servicio público se desarrolle conforme los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Aunque puede pensarse que el combate a la corrupción es una tarea exclusiva del gobierno, para que dicho sistema logre tales objetivos, requiere la participación comprometida y responsable, tanto de autoridades como de la sociedad civil en su conjunto.

Este sistema cuenta con instrumentos preventivos, reactivos y de evaluación. En cada uno de ellos, tanto autoridades como sociedad civil, tienen un papel importante que desempeñar. Así, por ejemplo, entre los instrumentos preventivos se encuentra la expedición de códigos de ética para la actuación de los servidores públicos, los cuales, si bien serán emitidos por las autoridades encargadas del control interno, su contenido deberá atender los lineamientos que al efecto dicte el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual, estará presidido por un ciudadano. A la par que los códigos de ética, se fomenta que las empresas y personas morales en general, cuenten y apliquen políticas de integridad que garanticen mantener prácticas honestas en sus relaciones con las autoridades del Estado. Del mismo modo, se establece la obligación de todo servidor público para presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, las que serán públicas de acuerdo con los formatos aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana. Sin demérito de la importancia de la publicidad de las declaraciones antes mencionadas, destaco la relevancia de un instrumento preventivo que ha pasado casi desapercibido, pero que será de notoria importancia para el combate a la corrupción, y que consiste en la obligación de las secretarias y órganos encargados del control interno, de realizar una verificación aleatoria de tales declaraciones. De no encontrar anomalía alguna, expedirá la certificación correspondiente; en caso contrario, tendrán que iniciar una investigación, la cual, puede culminar en sanciones administrativas o penales para el servidor público.

En cuanto los instrumentos reactivos, es decir, aquellos aplicables cuando se ha generado un acto de corrupción, se ha previsto, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, un catálogo extenso de conductas que, de ser cometidas por un servidor público, pueden llevar a que se le imponga, desde una amonestación, hasta su destitución e inhabilitación; y para los particulares relacionados con un hecho de corrupción, sanciones económicas e, incluso, su inhabilitación para participar en contrataciones públicas, lo anterior, sin perjuicio de las sanciones penales que resulten conducentes. En cuanto la responsabilidad administrativa, se incorporaron reglas procesales que permitirán a los órganos administrativos y a los tribunales, investigar y determinar con un alto grado de certeza, tanto los hechos de corrupción, así como a los responsables de los mismos.

El sistema anticorrupción no estaría completo sin la presencia de instrumentos de evaluación que hagan posible corregir posibles errores en su aplicación. Aquí, el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción juegan un papel fundamental, pues son los que deberán proponer y aplicar los criterios e instrumentos metodológicos que permitirán generar la inteligencia institucional enfocada al combate a la corrupción con base en la cual dictarán recomendaciones a las instancias legislativas, administrativas y jurisdiccionales, a fin de que realicen los cambios y las correcciones necesarias en su quehacer cotidiano para combatir los hechos de corrupción.

En tales recomendaciones, así como en la actuación coordinada de autoridades y sociedad civil, radica la garantía de que el sistema anticorrupción irá perfeccionándose y haciéndose cada vez más efectivo, siempre que cada uno de nosotros haga la parte que, en dicha tarea, nos corresponde.

*Senador, doctor en derecho constitucional