Visión Social

La fuerza y su uso


Además de los problemas mundiales en los cuales se recurre o se amenaza recurrir al uso de la fuerza, nos encontramos en nuestro país con graves problemas nacionales en los cuales se proponen soluciones de este tipo para resolver la violencia a la que se enfrenta la sociedad mexicana desde hace años. Desgraciadamente algunos instrumentalizan políticamente estas situaciones perdiendo la posibilidad de entenderlas y de encontrar verdaderas respuestas.

Instrumentalizar políticamente los hechos de violencia significa primeramente ligarlos al adversario político como si éste fuera la causa de ellos, de modo que el natural rechazo de la población a los hechos violentos se convierta también en rechazo del adversario político. Sin embargo, fuera de ciertos grupos, ningún partido, asociación o individuo de cierta importancia política en el país sostiene abiertamente la violencia, por lo cual es difícil que alguien se atreva a sostener una verdadera acusación en este sentido.

La causa de los hechos violentos más graves se encuentra ante todo en la delincuencia organizada, especialmente en los carteles de la droga y otros grupos similares. La lucha contra éstos no ha llegado a mermarlos lo suficiente como para que se restablezca totalmente la confianza y el clima de seguridad que hace falta en el país. Ante esto, en diversos lugares han surgido agrupaciones de "auto-defensa" vista la imposibilidad del Estado para proteger a los ciudadanos.

Lo primero que cabe decir es que quien tiene la facultad legal y moral para usar la fuerza es precisamente el Estado, lo cual conviene a la naturaleza y fines de la sociedad, pues de otro modo quedaría como sistema la ley del más fuerte y se haría muy difícil o imposible la justicia. El uso de la fuerza por parte de los ciudadanos puede ser lícito en algunos casos, pero no puede considerarse una solución duradera.

La licitud de estas agrupaciones depende de los principios que mencionaba ya la semana pasada, de manera que se pueden aceptar temporalmente solamente si el daño causado por el agresor es muy grave y duradero, si todos los medios para poner fin a la agresión se hayan agotado, si el éxito es posible y si no se producen mayores males de los que se quiere resolver. Con todo, el Estado, independientemente de cual sea el partido del gobernante, está obligado a crear las condiciones para la paz y el bienestar. Debe ante todo acabar con la delincuencia organizada o al menos reducirla razonablemente, para que también desaparezcan estos otros grupos. Si se pierden de vista estos objetivos, la situación puede todavía hacerse más complicada.

La paz interna de nuestro país aunque requiere sin duda del uso de la fuerza pública, no puede apoyarse en ella como último fundamento. Por eso la solución no corresponde nada más al Estado que dispone de la policía y del ejército, sino también a las familias, escuelas, centros de trabajo y de cultura, porque es ahí donde se adquiere la conciencia de lo que realmente es valioso, y finalmente a todos los ciudadanos, porque todos son capaces de promover el respeto a la dignidad de la persona en los vastos campos de la vida cotidiana.