Tribuna

En riesgo de contingencia ambiental

El accidente de un doble remolque sobre el Libramiento Poniente de Tampico, vino a recordar  el riesgo latente de una verdadera catástrofe ambiental. Una pesada unidad de carga tuvo una falla que derivó en un percance sin consecuencias que lamentar.

Pero el incidente de ayer por la mañana viene a recordar el pendiente que existe en esa vía periférica de la zona que pone en peligro a toda la población del sur de Tamaulipas.

El Libramiento Poniente fue edificado sobre la laguna del Chairel, que como sabemos es fuente de abastecimiento del agua para consumo humano, y otros aprovechamientos.

La carretera de cuota es la vía de tránsito de unidades de carga, de las cuales algunas su contenido es material peligroso. La falta de vigilancia, el diseño de algunos tramos de la ruta y la imprudencia de los operadores de los mencionados vehículos son una fórmula peligrosa que ha propiciado muchos accidentes, como el del lunes.

Especialistas en temas ambientales han advertido del peligro que representa que el contenido de una carga volcada llegue al cuerpo de agua. Se habla de un daño ambiental de dimensiones apocalípticas, de ese tamaño. El principal vaso abastecedor del líquido sería contaminado y el desabasto de agua sería una realidad, algo similar a lo que pasó en Sonora cuando una minera contaminó la fuente abastecedora de toda una comunidad.

La atención por parte de las autoridades ha quedado en buenas intenciones. Sobre el más reciente accidente en el libramiento con el derrame de litros de combustible, los involucrados en procurar el bienestar común se desmarcan de la responsabilidad.

El capitán Carlos Paniagua, director de Ecología de Tampico, zafa al gobierno local de cualquier responsabilidad, dice que el municipio no tiene injerencia en el tramo carretero, ni que SCT y Capufe informan sobre los contenidos de las cargas que circulan por la carretera, así como reportan de acciones de mantenimiento y correcciones de trazado de la cinta de rodamiento.

Lo que el servidor público municipal reconoce es que no han solicitado dicha información, como tampoco se ha alzado la voz en los ámbitos de gobierno locales para exigir se atienda el tema, y el federal, que al menos asegure la vigilancia que controle los niveles de velocidad.