Tribuna

Otro plan bien intencionado

Todos los municipios deberán realizar un plan de protección de derechos humanos, según dijo Mariana Rodríguez Mier y Terán, subsecretaria de la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas.

La obligación será de carácter legal a partir de que el Ejecutivo estatal haga la iniciativa al Congreso del Estado para modificar la Constitución local.

La también hija del secretario de Obras Públicas no precisó cuándo será lo anterior, pero sí afirmó que el proyecto corresponde a un convenio signado por el gobierno del estado con el federal para armonizar lo que a nivel nacional se está haciendo en la procuración de los derechos humanos.

Mariana Rodríguez adelantó que se tratará de un plan al que están consideradas las administraciones municipales y la estatal, incluidos los organismos descentralizados así como los otros poderes de la entidad.

Explicó que el proyecto además de ser obligatorio en cada arranque de administración, estará sujeto a revisión y evaluación del cumplimiento de objetivos que se plasmen en el documento, tal y como sucede con los planes de desarrollo.

A propósito, Hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, por tal motivo en Tamaulipas se comenzará con las primeras actividades del plan que ha sido denominado “Tamaulipas DH”.

Rodríguez Mier y Terán dio a conocer que habrá de empezarse con capacitaciones entre los servidores públicos para actualizarse y, en el mayor de los casos, conozcan las obligaciones a la que son sujetos en materia de derechos humanos.

El plan de protección a los derechos humanos que se perfila para aplicarse en Tamaulipas se lee como otro más de los proyectos bien intencionados, el asunto es que se lleven a la realidad.

En serio que somos muchos los que creemos que este país no necesita más leyes, con que se cumplan las vigentes, pero sobre todo se castigue a quienes las quebranten, es suficiente.

Un botón de muestra ocurre con la transparencia, para la que existe una ley federal y otra local, así como comisiones municipales para garantizar su cumplimiento.

El reciente estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad exhibe la opacidad que impera en el país, y caso particular de dicha evaluación, en los municipios.

Lo lamentable de todo esto es la ausencia de castigo en el tema. Cada análisis sobre el manejo de recursos públicos exhibe la misma situación, y por el contrario no se conoce de una sanción ejemplar. A eso se le llama impunidad.