Tribuna

El desobediente ombudsman

En una época, y durante un tiempo, había motivos en Tamaulipas para presumir la creación de instituciones públicas ciudadanas cuya función es acompañar a la autoridad en la procuración de los derechos a sus habitantes.

Fue así como la creación de un organismo especializado en derechos humanos, y luego otro encargado de promover la transparencia al igual que motivar el acceso a la información pública que fue posible a través de un mandato.

Aunque hay quienes creemos que tanto uno como otro organismo autónomo, así llamados pomposamente, fue creado para aparentar apertura en esos temas, e incluso hasta obligados por la inercia nacional de cambio hacia esos tópicos, lo cierto es que ambos existen.

Si bien se cuenta con otras entidades no autónomas pero sí financiadas desde el erario, o lo que es lo mismo son públicas, esta vez viene al caso abordar el tema sobre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet), porque su titular ha ignorado un llamado del Congreso del Estado, ni más ni menos.

Ocurre que José Martín García Martínez, ombudsman tamaulipeco, desoye la invitación a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos para aclarar dudas, sobre su reciente informe respecto a la recomendaciones emitidas y el estatus que guardan.

Es cierto que el llamado lo hace una parte de los diputados tamaulipecos, como lo es la comisión respectiva presidida por el petista Arcenio Ortega, pero es una representación del Congreso, entonces lo políticamente correcto era que García Martínez hubiera atendido la convocatoria.

Por cierto, la Codhet que dirige José Martín García recibe un financiamiento público del orden los 25 millones de pesos anuales. Una cifra parecida ejerció el año anterior, y su desempeño fue de 70 recomendaciones emitidas de un total de más de 6 mil atenciones brindadas.

En qué se gasta el presupuesto la oficina estatal de derechos humanos de Tamaulipas. De acuerdo con la cuenta pública del 2013 aprobada por los diputados locales a los que su titular ignora, una cantidad superior a los 18 millones de pesos se usó en servicios personales de un total de 22 mdp.

La mayoría de ese presupuesto público destinado a pagar sueldos, y el ombudsman tamaulipeco se hace el desobediente y del rogar para comparecer ante diputados que le piden explicar detalles sobre su trabajo.