Tribuna

Declaraciones patrimoniales, un acto de fe

La declaración patrimonial de quien ejerce un cargo público es una obligación que se realiza en los tiempos establecidos, según dan a conocer los encargados de procurar se cumpla con el mandato legal al respecto.

Se trata de que todo funcionario reporte lo que tiene al comenzar el encargo ciudadano para el que fue elegido o asignado; luego, durante su encomienda al cabo de cumplir un año, y una más al final de su gestión al servicio de la ciudadanía.

Pero para quienes se interesen en hurgar en los bienes reportados por “x” o “y” servidor público, seguro que sí los hay, se quedarán con las ganas porque la misma legislación permite que las declaraciones patrimoniales no sean públicas.

Y la pretensión de conocer cómo llegan y sobre todo en qué condiciones finalizan una administración pública, no es un asunto de mera morbosidad. 

A los ojos de todos está comprobado que existen casos de funcionarios que de la noche a la mañana se convierten en exitosos inversionistas, que aplican con rigor esa aspiración popular de no pedir que les den sino estar donde hay.

Pero mientras ese tema tan molesto para el servicio público llamado transparencia gana más terreno, la sociedad tiene que conformarse a que sus servidores públicos, a los que les paga el salario y prestaciones, sean considerados con sus benefactores y acepten hacer público el recuento de sus bienes.

Hay quienes de plano afirman que las declaraciones patrimoniales tienen etiqueta de reservadas, y solo podrán ser expuestas si son requeridas en un proceso judicial. 

Quien no tiene problemas para exponer su recuento de bienes es Armando López Flores, alcalde de Altamira, al confirmar que ya cumplió con esta responsabilidad.

El munícipe habla por él, pero reconoce que entre su equipo de trabajo hay quienes provienen de la iniciativa privada y debido al entorno de seguridad imperante, acepta que será difícil que acepten hacerla pública, además que la ley no se los exige.

De esta manera, el buen uso de los recursos públicos y una siempre tentadora malversación de los mismos, seguirá siendo responsabilidad de a quienes se les confiere esa responsabilidad en las urnas, mientras, como sociedad, tendremos que seguir confiando que lo harán.