Articulista invitado

Criterio de “población cero”

El Consejo General del INE aprobó el miércoles pasado un novedoso criterio para determinar qué emisoras deben suspender la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas: solo serán sujetas a esta restricción aquellas que sean efectivamente escuchadas o vistas en una entidad con procesos electorales en curso.

El modelo de comunicación política en México, vigente desde 2008, se basa —entre otras— en dos premisas fundamentales: la primera, que los concesionarios deben poner a disposición del INE los tiempos del Estado para que los actores político-electorales puedan comunicarse con la ciudadanía, y la segunda, que se prohíbe la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas para evitar que influya en las preferencias de los ciudadanos e incida en el desarrollo y resultado de los comicios.

Para cumplir con este mandato, el Comité de Radio y Televisión (CRT) del INE aprueba cada año el Catálogo nacional de emisoras de radio y canales de televisión que deberán transmitir los mensajes de los partidos políticos y autoridades electorales, tanto en periodos ordinarios como electorales.

El catálogo incluye también el listado de emisoras y canales que deberán suspender la difusión de propaganda gubernamental, aun cuando no estén domiciliadas en entidades con proceso electoral.

De acuerdo con el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, la suspensión de propaganda “es aplicable a toda estación de radio y canal de televisión cuya señal sea escuchada o vista en la entidad en la que se esté desarrollando el proceso electoral”.

Ello incluye, en primer término, a todos los concesionarios de la entidad con elecciones, quienes además deben transmitir la pauta electoral (spots de partidos y candidatos) y, en segundo término, a los concesionarios domiciliados en otras entidades, pero cuya señal de trasmisión tenga cobertura en un estado con proceso electoral.

Para determinar lo anterior, se analizan tres insumos: 1) los mapas de cobertura por señal proporcionados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2) la información censal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre población existente, y 3) los datos generados por el Registro Federal de Electores sobre los electores inscritos en el padrón.

Durante 2016, por primera vez, y luego de múltiples consultas, se emplearon esos insumos para analizar técnicamente —mediante el uso de la tecnología— si, como señala la norma, la señal de los concesionarios es vista o escuchada por alguien en entidades con procesos electorales.

Se analizaron las 452 emisoras y canales domiciliados en otras entidades cuya señal llega a los estados con elecciones en 2017: de  éstas, en 372 casos se comprobó que la señal cubre zonas en las que hay población con electores inscritos, por los que se confirmó la prohibición a difundir propaganda gubernamental.

En los 80 casos restantes se detectó que no existe una sola persona o elector dentro de las áreas de cobertura de las señales previamente contempladas entre aquellas que debían suspender la difusión de propaganda gubernamental en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.

De ahí que el Consejo General haya acertado en aprobar el llamado criterio de “población cero”, que da razonabilidad a la política y cumple a cabalidad la norma. Con ello se contribuye a un mejor balance entre el principio de equidad e imparcialidad en la contienda electoral, de un lado, y el derecho a la información de la ciudadanía del otro.

*Director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos.