Nada Personal

Pero qué necesidad…

Los desacuerdos legislativos con motivo de la emisión de las convocatorias para las elecciones en las jutas auxiliares no debieron llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En este caso no se dejó sentir la figura del "enlace legislativo" desde la Secretaría General de Gobierno, como existe en el gobierno federal y en el resto de las entidades, que advirtiera de las deficiencias, si existieran, de una redacción final en las leyes aplicables.
Alguien debió hacer la tarea en el Poder Ejecutivo para revisar si se cumplían los plazos en las reformas y aplicación al código electoral y a la Ley Orgánica Municipal.
El tema de la controversia que justificó la promoción de juicios respecto a la intervención de los partidos políticos, sólo se puede atribuir a una omisión por la falta de oficio.
Debió ser alguno de los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno el indicado que advirtiera de alguna deficiencia al responsable de la política interna del estado, Luis Maldonado Venegas.
Las condiciones políticas de mayor competencia en el estado requieren de un equipo en la SGG de tiempo completo que evite a su titular rectificar sobre la marcha un procedimiento a todas luces legal.
La unanimidad de votos de los magistrados de la Cuarta Sala Regional del TEPJF para emitir la sentencia sobre el término de los tema de las convocatorias en las juntas auxiliares, es más que elocuente.
La ley no tiene margen de interpretación y los plazos en su aplicación son muy precisos; si las reformas debieron cumplir 90 días anticipados antes de la fecha de su vigencia, no tiene mayor debate.
Los políticos como actores en los poderes Legislativo y Ejecutivo pueden equivocarse, pero es imperdonable para los asesores jurídicos.