Nada Personal

El censor de Lalo Rivera

Hasta el último día de su mandato, el panista Eduardo Rivera Pérez presumió ser respetuoso de la libertad de expresión, hasta se trepó al pedestal de la "tolerancia" con la prensa.
Pero como siempre ocurre con algunos políticos y gobernantes, lo dicho por el ex alcalde poblano era una mentira absoluta.
A través del área jurídica había iniciado una demanda mediante "juicio ordinario civil de responsabilidad civil por daño moral" contra los periodistas Carlos Gómez y Miguel Ángel Arroyo, de acuerdo al expediente número 521/2013.
Conoció de la demanda el Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla.
Asesorado por la oficina de la Dirección Comunicación Social del ayuntamiento poblano, Rivera Pérez utilizó a Luis Alejandro Fabre Bandini, entonces secretario de Medio Ambiente y Servicios Públicos, y éste lo instrumentó mediante el empleado Fernando David Letipichía Castro.
El presunto delito de "daño moral" causado por los periodistas Carlos Gómez y Miguel Ángel Arroyo, según la demanda de "juicio ordinario civil" del gobierno panista, corresponde a una nota publicada el 14 de marzo de 2013 con el título "Denuncian a cuatro funcionarios de Eduardo Rivera".
Publicado en la edición del diario Cómo?, informaron que Enriqueta Márquez Bueno, en un escrito dirigido al entonces presidente Felipe Calderón, denunciaba a funcionarios municipales "por delitos contra el medio ambiente".
Recibida la denuncia por la oficina de la Presidencia de la República, Márquez señaló a Francisco Alfonso Romero Levet, Luis Alejandro Fabre Bandini, Fernando David Letipichía y Sergio Rodríguez Muñoz del "delito ambiental" y "delito contra la ecología" al "permitir el inadecuado funcionamiento, autorizar y tolerar la construcción y operación fuera de toda norma constructiva y ambiental" en Chiltepeque.
A eso se limitaron los periodistas, a informar de la existencia de una denuncia ante el gobierno de la República, lo que motivó la demanda civil por "daño moral" contra los periodistas Gómez y Arroyo.
Trabajaba entonces como empleado de la Dirección de Comunicación Social del ayuntamiento de Puebla como "analista" el actual Director de la Facultad de Comunicación de la UPAEP, facilitador para ejecutar la acción judicial contra los periodistas por causar "daño moral".
El "censor" de cabecera como "analista" de Eduardo Rivera no es un buen ejemplo para la formación académica de los futuros comunicadores que tienen a un experto –y copartícipe– en la censura como "Director".