Nada Personal

Victoria: crisis social y de gobernabilidad


De crisis por la inseguridad pública, el municipio de Guadalupe Victoria transita por una de gobernabilidad y ha desembocado en una social de profundas raíces.
En el gobierno del estado donde el ministerio público depende del titular del Poder Ejecutivo sólo hay oídos para el omiso e ineficiente presidente municipal de extracción verdeecologista, Felipe Cortés Hernández.
Cortés se ha convertido en juez y parte de esta crisis que se expresó violentamente con el asesinato del joven comerciante Ernesto Osorio Cervantes y la reacción de la población contra el símbolo del poder político y los bienes particulares del edil, bajo la sospecha de ser mal habidos.
Felipe Cortés y el Ministerio Público no buscan quién la hizo, sino quiénes la pagan, y para ello han emprendido una inexplicable persecución judicial contra habitantes de Guadalupe Victoria, señalados por un cuestionado edil.
Utilizando a un empleado del ayuntamiento, incondicional de Cortés Hernández, ha señalado a los presuntos culpables de los incendios que tiene ya a cinco consignados a un juez y 15 más por aprehender.
La lista de presuntos responsables, aseguran familias afectadas, ha sido elaborada por el edil y señala a sus enemigos políticos.
Cortés enfila sus baterías al grupo de panistas de Guillermo Fuentes, pero también contra militantes del PRI-PVEM.
Familiares de Zenón Herrera, uno de los detenidos, exaspirante a la candidatura del PRI a la alcaldía, no estuvo ni en el municipio cuando ocurrieron los hechos, insisten los familiares.
En ese municipio, castigado por la ineficiencia de las corporaciones policiacas cooptadas por la delincuencia, los habitantes se cuestionan por qué la prioridad es la persecución contra presuntos responsables de los incendios.
Preguntan al gobierno por qué siguen impunes los secuestradores y asesinos de Carlos Rivera, Massimo Di Nardo, Amado Flores, Angélica Mendoza y Ernesto Osorio; así como autores de múltiples robos y atracos.
¿Qué poderosas razones existen para cegar a los gobernantes y encargados de procurar la justicia para sesgar la aplicación de la ley?