Nada Personal

Trabajo comunitario a grafiteros

Al margen de intereses de coyuntura electoral, finalmente el Congreso local votará en sesion plenaria del viernes próximo las enmiendas al código penal por daños causados con grafiti a la propiedad privada, mobiliario urbano y patrimonio arquitectónico e histórico.

Presentada la iniciativa de reforma el pasado 28 de enero y enviada a las comisiones para su revisión, luego de recoger las opiniones y propuestas de los diputados, finalmente hoy pasará la aduana en las comisiones de trabajo legislativo que pone en claro los alcances de la reforma.

Las comisiones unidades de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia que presiden, respectivamente, Eukid Castañón y Víctor León, aprobarán las enmiendas al artículo 413 Bis y la adición al artículo 413 Ter del Código Penal, así como la armonización con el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y el Código de Procedimientos Penales.

Destaca, además de la prisión, el “castigo social” con trabajo comunitario a favor de la comunidad en instituciones públicas, en actividades relacionadas con la restauración, preservación y/o mejoramiento de los elementos urbanos o de la protección del patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y cultural de los centros de población.

El actual artículo 413 Bis del Código Penal establece de 30 días a 3 años de prisión y multa de 10 a 250 días de salario por gafitear una propiedad privada, para fijarse 1 a 3 años de prisión, y de 30 a 90 días de trabajo comunitario.

Al tratarse del grafiti en bienes de dominio público, el vigente establece de 40 días a 4 años de prisión y multa de 20 a 300 días de salario; pasaría de 2 a 4 años de prisión y de 30 a 90 días de trabajo a favor de la comunidad.

Se adiciona, por daño en propiedad ajena en el artículo 413 Ter., además de calificarse como delito grave en el Código de Procedimientos, procede la prisión preventiva, si es cometido con medios violentos como armas y explosivos.

“Quien en forma dolosa cause daño, alteración, destrucción o deterioro al equipamiento o infraestructura urbana, bienes destinados a la prestación de un servicio público, una penalización de 2 a 3 años de prisión y de 180 a 360 días de trabajo comunitario; y de 3 a 5 año de prisión si se trata de daño al patrimonio histórico, artístico, arquitectónico o cultural del estado.

La reforma también establece la obligación de los ayuntamientos de ofrecer espacios de expresiones, manifestaciones artísticas o culturales.

pablo.ruiz@milenio.com