Nada Personal

PGR interviene por Gasoducto

Han sido innumerables los movimientos sociales en la entidad, desde los lecheros de Atlixco, el estudiantil de la UAP o la 28 de Octubre en contra del alza al pasaje urbano o en oposición a las expropiaciones.
Contra el proyecto federal del gasoducto Morelos son activistas los opositores, sin base social ni capacidad de convocatoria, por legítimo o no que sea su rechazo.
El proyecto es de la Federación y está a cargo de la CFE con recursos autorizados por los partidos políticos en el presupuesto de egresos. Se realiza en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, con una longitud de 158 kilómetros, el capital es de 333 mdd y atraviesa 24 municipios, entre ellos diez poblanos.
En la entidad poblana el "Derecho de Vía" tiene una avance del 95 por ciento, el tramo menor está ubicado en el municipio de Juan C. Bonilla.
A la instalación del gasoducto –gas metano- se han opuesto activistas, un par de diputados y organismos que habían obtenido millonarios contratos para la "prevención de desastres".
Sin mayor movilidad social, los activistas opositores optaron por el camino de dañar maquinaria e instalaciones de las empresas encargadas de la obra del gasoducto, documentaron los afectados; en un caso el daño superó los 400 mil dólares.
Las acciones de protesta se extendieron a instalaciones del organismo operador del agua –Soapap- a quien afectaron en su operación, y la dependencia actuó en consecuencia.
Estas medidas de presión motivaron las detenciones de Juan Carlos Flores Solís, Abraham Cordero Calderón y Enedina Rosas Vélez, a quienes recientemente les dictaron el auto de formal prisión.
Pero la Federación también ha documentado daños, y a través del Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República ejercerá en breve órdenes de aprehensión por la comisión de diversos delitos federales.
Los diputados federales Carlos Sánchez del PRI, y Roxana Luna Porquillo del PRD, señalan al gobierno estatal, y el priista pide una "mesa de negociación" para atender el conflicto.
Carlos Sánchez tendrá que extender la petición al presidente Enrique Peña Nieto porque de él depende la acción de la PGR.
Son tres los estados involucrados en el gasoducto, y es la entidad tlaxcalteca quien busca ejercer acción penal contra el académico de la UAP, Ricardo Pérez Avilés.