Nada Personal

$5 a la "Megalópolis" por cada auto verificado

Las autoridades ambientales del gobierno estatal de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) no tienen definido el precio de la verificación vehicular en los nuevos centros de medición.

Y como no saben cuánto costará verificar cada uno del 1 millón 297 mil 49 vehículos, de los cuales el histórico es del 40 al 45% (la meta de CAMe es el 70%), el primer estimado es de $150 menos de las tarifas del Estado de México y el Distrito Federal.

El titular de la SDRSOT, Mario Rincón González, adelantó que sería el próximo 25 de octubre con la visita de Francisco Barnés, presidente de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, cuando se fije la tarifa de la verificación.

Por no tener claro el precio de la prueba de medición de contaminantes, tampoco existe el dato anual de la recaudación por este concepto, sin embargo ya tienen comprometido un porcentaje de los ingresos.

Nos enteramos por el propio Barnés que las seis entidades que conforman la megalópolis aportarán cinco pesos por cada vehículo verificado para crear un fideicomiso, al que ingresarán aproximadamente 50 millones de pesos anuales para diseñar proyectos tangibles en beneficio del medio ambiente.

En diciembre próximo Puebla, Distrito Federal, Estado de México, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo harán la primera entrega de recursos, la otra parte será en junio de cada año. DF aportará 11 mdp.

A ese dinero, 50 mdp, se sumarán 40 mdp aportados por la Federación para “mejorar la estandarización administrativa y tecnológica de los sistemas de verificación” en la Megalópolis.

Los ingresos por la verificación y su aplicación son relevantes porque deberán ser tan transparentes como la calidad del aire y la propia licitación.

Los ganadores del concurso obtuvieron las concesiones por 20 años y cada uno invirtió un promedio de 12 mdp que comprende el centro de verificación, equipamiento con tecnología de punta y plantilla; en conjunto sumarán  250 empleos directos.

Cada inversionista hizo un depósito de garantía por millón 700 mil pesos, y la única certeza jurídica de que otra administración no les retirará la concesión es la propia Constitución, aclaró el secretario del ramo.