Nada Personal

Cierran capítulo “9 de julio”

Después de cuatro meses de los hechos en la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, todo indica se cerrará el capítulo de un incidente que no debió ocurrir en el estado.

Nadie en las partes involucradas seguramente quedará satisfecho de las medidas judiciales aplicadas con el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH.

En el recuento de daños, la parte que más perdió fue el gobierno estatal por el hecho mismo de ser condenado a cumplir recomendaciones vinculantes ordenadas por el ombudsman nacional.

Se trata de una de las lecciones más severas en el aprendizaje de gobernar para una administración que parecía integra en la conducción de la política del estado.

Es responsabilidad absoluta del fiscal especial las conclusiones que motivaron la cumplimentación de detenciones, y de la contraloría estatal las inhabilitaciones, frente a los recursos jurídicos de defensa al alcance de los presuntos inculpados, tanto civiles como uniformados.

Los alcances en el terreno político por el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH aún están por verse, por lo menos en el ámbito de la función pública porque recayó en la parte operativa el peso de las decisiones del fiscal.

Quedará también intocable la actuación de la diputada federal perredista quien ha puesto como patente de corso el fuero constitucional.

Si en el PRD se han transformado algunas “tribus” en “cárteles”; es entendible la complicidad entre el “cártel” de NI y el “cártel” de ADN para dejar su actuación, en el caso Puebla, sin ninguna sanción estatutaria.

Si en Iguala, Guerrero, se ha develado la magnitud de la penetración del “malos” en las estructuras de ese partido de “izquierda” y sus gobiernos, el resto de actuaciones perredistas como en Chalchihuapan, son peccata minuta.

pablo.ruiz@milenio.com