Nada Personal

Ayotzinapa, la válvula de escape

Del 26 de septiembre a la fecha, a raíz de los hechos en Iguala, Guerrero, el gobierno federal ha entrado a en un inmovilismo, bajo en el manto de la sospecha.

Los más cercanos al círculo del presidente Enrique Peña Nieto le atribuyen a la reacción social por los desaparecidos de Ayotzinapa a una válvula de escape por las repercusiones de las reformas estructurales.

Los empresarios, por ejemplo, se han cobrado facturas por las enmiendas en las leyes fiscales que castigan más a los contribuyentes cautivos.

La industria de la radiodifusión y el resto de medios electrónicos e impresos le están cobrando al gobierno federal las penalizaciones fiscales sin que el gasto de público en publicidad gubernamental se vea reflejado en los ingresos.

Uno de los factores mediáticos por la Ley de Telecomunicaciones y la licitación de las dos televisoras del sistema abierto es la exclusión del Grupo Carso del poderoso empresario Carlos Slim que se ha cobrado la afrente con creces en los medios de comunicación donde es accionista.

Pero hay más. Los gobernadores reaccionan con pasividad frente a los embates a la Presidencia de la República por el caso Ayotzinapa con un gesto desdeñoso, del mismo tamaño a la afrenta por quitarles el poder de pago de la nómina miles de maestros estatales y federales.

Algo similar ocurre con las medidas recaudatorias a las universidades privadas y la reducción presupuestal a las públicas.

Una de las principales fuentes de manifestación de protesta y apoyo a la exigencia de presentación de los normalistas desaparecidos han sido las universidades, públicas y privadas.

¿Se habría imaginado al rector, académicos y estudiantes de la Upaep en una cadena humana exigiendo la aparición de los paupérrimos estudiantes normalistas guerrerenses?

En su reciente vistita a la entidad con motivo de los 80 años del Centro Empresarial de Puebla, el presidente nacional de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, abogada a favor de beneficios a la población las reformas estructurales para “reducir la brecha de la desigualdad social”. ¿La IP?

La Iglesia católica lleva mano en el cobro de facturas porque les cuesta trabajo concebir reportar al SAT los ingresos por las limosnas.

Y los secretarios del gabinete federal y el PRI como mayoría en el Congreso de la Unión, ¿qué hacen por Peña Nieto?